Entre 300 y 400 personas, entre miembros de la plataforma Stop Desahucios de Alicante y vecinos del barrio, han paralizado el desalojo de una familia compuesta por una pareja con dos menores de 3 y 6 años en la calle Maestro Luis Torregrosa, en el barrio El Pla. La comisión judicial ha otorgado a la familia una moratoria de 20 días para que abandonen este piso, donde residen de alquiler, plazo que ha sido considerado como ridículo por la asociación anti-desahucios. Los afectados han solicitado en repetidas ocasiones una vivienda social al EIGE y al Patronato de la Vivienda de Alicante, pero no han obtenido, como todos los que la solicitan en Alicante, ningún resultado.

Desde Stop Desahucios se critica que el banco propietario de la vivienda quiera especular con la propiedad, y han señalado que la entidad que ha ejecutado el desahucio, ha traspasado la vivienda a unos Fondos de Titulación de Activos para desentenderse del desalojo, alegando que ya no es propiedad de la misma. Pero según Stop Desahucios sigue perteneciendo al banco que desahucia y atenta contra el derecho de todas las personas a la vivienda.

La asociación culpa a la entidad bancaria, por querer tener la vivienda vacía para especular con ella cuando suba su precio, así como a los políticos de Alicante que no se preocupan por el pueblo y que les da igual que dos niños de 3 y 6 años se queden en la calle. En Alicante hay viviendas vacías públicas que se están vendiendo a fondos privados para hacer caja en lugar de proporcionárselas a personas necesitadas de vivienda.

Desde Stop Desahucios de Alicante también culpan a la Justicia como responsable de la situación de emergencia habitacional porque un juez no puede mandar una orden de lanzamiento a una familia, con dos chiquillos, sin tener alternativa de vivienda. Son los derechos humanos a la vivienda los que se están conculcando, además de los derechos de los menores.

Tras frenar el desalojo de la familia, una comitiva de Stop Desahucios se ha trasladado hasta la plaza del Ayuntamiento para protestar frente a la casa consistorial y pedir a Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, que proteja a estas familias sin ingresos, con niños pequeños, que tienen dificultades para pagar luz y agua y que miren por sus ciudadanos, y no solamente por sus bolsillos. La vivienda pública debe darse a las personas que de verdad las necesiten y que no sea mercancía para beneficio de los corruptos.