En España las cláusulas suelo afectan a unos 3,5 millones de familias y suponen un sobrecoste por la hipoteca superior en muchos casos a los 200 o 300 euros mensuales que se llevan los bancos. A pesar de ello o tal vez por eso, el PP continúa imposibilitando una Ley que obligue a los bancos a eliminar esta cláusula de sus contratos. Está claro que su preocupación son los bancos y sus resultados económicos y no los ciudadanos de éste país que lo pasan mal con la crisis y que en algunos casos se ven abocados al desahucio.

A pesar del capote que les echa el PP, los bancos están perdiendo más del 90% de las demandas judiciales, y están pactando con los clientes su anulación. Sin embargo, este proceso judicial es largo en el tiempo y caro por los costes. Por ello y ante la inacción de los partidos políticos, más preocupados por sus crisis particulares, las próximas elecciones y sus bolsillos, la Unión de Consumidores de Asturias ha encontrado una vía más rápida y barata. Ha denunciado ante el Principado de Asturias 2.179 hipotecas de bancos por tener cláusulas abusivas. Para ello la asociación de consumidores se apoya en la sentencia de mayo de 2013 del Tribunal Supremo, que las calificó como abusivas cuando no estuvieran bien explicadas a los clientes o sus condiciones fueran claramente favorables para la entidad.

El Gobierno de Asturias, tras cumplir los trámites administrativos, ha hecho públicas las primeras multas. Además de abusivas, considera el agravante de que el crédito hipotecario es un bien de primera necesidad porque supone la base para poseer la vivienda que es un derecho consagrado por la Constitución.

Hasta este momento, el Principado ha impuesto 53 sanciones de 8.000 euros cada una por falta grave a la Caja Rural de Asturias, Banco Popular, Liberbank (controlado por la antigua Caja Asturias y de donde cobra el marido de Cospedal sin hacer nada), Banco Pastor y Caja España. Quedan 2.126 expedientes por resolver y sancionar, pero todos ellos seguirán el mismo camino ya que los casos son similares. Y la suma total puede ser tan abultada que desaconseje a los bancos seguir con ésta práctica abusiva. Antes no tenían nada que perder ya que la sentencia del Supremo no reconocía la retroactividad, pero ahora, si se sancionan todos los contratos denunciados, estas cinco entidades tendrán que pagar 17,43 millones de euros.

No es la multa lo que busca la Unión de Consumidores, sino retirarla si llega a un acuerdo razonable con el perjudicado. De esta forma se consigue el objetivo principal que es la retirada de la cláusula y su retroactividad, es decir, el pago de lo cobrado indebidamente, sin pasar por los juzgados.

Alguna de las entidades multadas ha manifestado su intención de recurrir la sanción al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Asturias. Este paso tiene la ventaja de que evita pagar la multa. Sin embargo, si perdieran en primera instancia, la sanción al banco sería firme porque el importe es inferior a 30.000 euros. En caso de mantener la cláusula suelo la siguiente sanción tiene la calificación de muy grave por el agravante de mantener una condición abusiva y puede llegar a los 100.000 euros.

Dice la Unión de Consumidores que todos los Gobiernos autónomos tienen competencias en sus respectivas direcciones generales de Consumo, pero, a diferencia del Principado, no hacen nada. Por ello esta asociación denuncia la connivencia y prevaricación de los Gobiernos autónomos que, teniendo plenas competencias para sancionar a los bancos y cajas por el abuso y engaño de las cláusulas suelo, siguiendo el ejemplo de Asturias, optan por proteger sus intereses, antes que el de sus ciudadanos. Susana Díez, que tanto se llena la boca hablando de los derechos de los andaluces debiera ser la primera en seguir el ejemplo de los asturianos, sobre todo por que es Andalucía la comunidad autónoma con más desahucios.