Como si de una película de suspense se tratara, la intervención del principal protagonista va quedando retrasada para aumentar el interés. Dicen opiniones mucho más doctas que la mía, que esta demora en la intervención del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar,  sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), que tendrá lugar el próximo 10 de septiembre y no el 24 de junio, como estaba establecido inicialmente, resulta algo habitual en situaciones de éste calibre. Pero como yo, tratando de delincuentes habituales, que a lo largo de los años siempre han actuado en contra del país y sus habitantes, soy algo malpensado, creo firmemente que este retraso se debe a presiones del lobby bancario español en Bruselas, que está ganando tiempo para conseguir subvertir una situación, que se le presenta muy mal.

El dictamen que emitirá ese día el Abogado General no es vinculante para la posterior decisión que tomará la sala unos meses después, pero si rara es la posposición de la convocatoria, también lo es que esa decisión final vaya en sentido contrario al dictamen. Y esta es la razón por la que la Banca española, que está aterrorizada por la sentencia que se produzca, ha sacado la artillería pesada y dispara contra todo lo que se menea. Por detrás, ocultas por esas bambalinas que no traslucen, sus actividades deben de ser intensas, bajunas y rayanas en la delincuencia.

Y como en las guerras la primera víctima es la verdad y el que la lleva, en ésta del IRPH que es descomunal, aunque apenas la sintamos, ha sido el abogado que les ha llevado hasta Bruselas, José María Erauskin, quien está siendo perseguido por ello. discriminado y ninguneado. Y lo más grave es que han sido compañeros, en éste caso del Colegio de Abogados de Málaga los que se han prestado a defender a la Banca y a intentar ocultar la verdad. Más información.

Claro está, que la actuación de Málaga es de lo más visible y chapucero que nuestros chupasangres favoritos han realizado, porque de manera más imperceptible y continuada llevan meses, por no decir años, manejando los medios de comunicación para que sean correas de trasmisión de sus mensajes maniqueos. Como el repetido mantra de sus dificultades económicas, cercanas al desastre financiero, que se producirán sin son condenados con efectos retroactivos y tienen que devolver lo estafado –esta es la palabra correcta y no otras más suaves- a millones de españoles a lo largo de casi veinte años de actividad delictiva, permitida por los partidos en el Gobierno PP/PSOE y el Banco de España que debiera controlar sus movimientos.

Ha tenido que ser de nuevo una institución europea, la Comisión, la que en su último informe de vigilancia del sistema bancario español y nuestra situación financiera, realizado en colaboración con el Banco Central Europeo, publicado el pasado 5 de julio, haya afirmado que “el sector bancario español goza de una buena rentabilidad, liquidez y capitalización”. Y en el desarrollo del informe hace referencia a los riesgos judiciales señalando que los numerosos pleitos a los que se enfrenta el sector financiero de nuestro país son debidos a “las malas prácticas de venta” diseñadas y llevadas a cabo en los últimos años. Malas prácticas que han tenido como claras víctimas, no lo olvidemos, a todos nosotros.

En concreto, el informe de la Comisión Europea habla de tres aspectos; uno de ellos, el relativo a la venta de las famosas “participaciones preferentes” que ya se están terminando de pagar y han sido provisionadas, y también de los gastos de constitución de la hipotecas y el IRPH, apuntando que las sentencias que se están produciendo y se producirán tras la intervención de Luxemburgo, y cito textualmente, “podrían afectar a la rentabilidad de algunos de los bancos más afectados”.

El informe no habla de riesgo vital para las entidades, sino de su rentabilidad. Y con esta puntualización desmonta, y lo hace con el peso de la opinión del Banco Central Europeo, el mantra lanzado por la Banca española y apoyado hasta el vómito por el Tribunal Supremo y nuestros Gobiernos, esos que votados por los españoles tendrían que saber defendernos de los usos y abusos de propios y extraños, pero que se ponen las rodilleras cuando salen al escenario el Santander, el BBVA , la Caixa, el Sabadell y el resto de la caterva abusadora, que sabe hacer de su actividad económica un agosto perpetuo, con esa complicidad interesada.

Es preciso recordar que la Comisión Europea se ha personado en el caso que nos ocupa, posicionándose claramente a favor del pueblo español y sus derechos como consumidores, en contra de las tesis interesadas o vendidas de nuestro Tribunal Supremo y nuestro Gobierno que, no lo olvidemos, envió a su equipo de Abogados del Estado a Luxemburgo, el pasado mes de febrero, a defender los intereses de la Banca y no los de los afectados por la estafa, que debiera haber sido lo procedente. Y esta actuación, iniciada por el Gobierno de Mariano Rajoy, tuvo un fiel continuador en el de Pedro Sánchez, al que a pesar de su apellido socialista, se le siguen viendo las vergüenzas. Hay que recordar el ridículo de los Abogados del Estado y la vergüenza ajena que nos hicieron pasar, cuando sus tesis coincidieron plenamente con las de los abogados de Bankia. En la sesión de teatro que allí contemplamos, se percibió claramente lo de las rodilleras gubernamentales y las reuniones previas que debieron tener ambos equipos de abogados.

Sintetizando, la Comisión Europea estima que la justicia debe dar la razón a los afectados, no cree que el impacto vaya a ser fatal para el sistema financiero español y por tanto está a favor de que se devuelva todo lo robado, con retroactividad e intereses incluidos.

Para desgracia de los bancos, que han tenido que salir a la palestra a sacar pecho, el informe de la Comisión detecta otra debilidad en nuestro sistema financiero cuya difusión no ha gustado nada al sector. Se trata del deterioro que ha experimentado la posición de capital de nuestro sector bancario, en el que a pesar de los fuertes beneficios que tuvieron en 2018, y su correspondiente reparto de dividendos, ha bajado del 12,4 en 2017 al 11,9 en 2018, ocupando la penúltima posición europea, que tiene una media del 14,7%, antes de Italia.

Previamente al informe europeo, ya el Banco de España estaba advirtiendo que la política de reparto de dividendos entre sus accionistas, más de 25.000 millones en los últimos cuatro años, le había llevado a esta situación de riesgo, según la Comisión Europea y que debían poner coto a este reparto, como está haciendo el resto de la banca en el continente,  que ha reforzado su capital de mayor valor en un 50%. Y el Banco de España se mueve porque teme que una sentencia negativa en el IRPH, que llegará antes del final de año,  tenga un excesivo impacto en algunas entidades financieras. Y les aconseja, a los propios bancos, que fortalezcan su capital ahorrando y repartiendo menos dividendos. El colmo llegaría si después del reparto hubiera que rescatar a alguna entidad, que seguro lo intentan.

Un informe del propio Banco de España,  aunque de carácter confidencial, advertía que una sentencia desfavorable en Luxemburgo, con efectos retroactivos y devolución de intereses, y el establecimiento de un tipo cero para los más de 1.300.000 afectados, podría suponer una cifra de más de 60.000 millones de euros.

Otras fuentes calculan que si la sentencia en lugar de establecer un tipo cero, lo deja en el euríbor, la cantidad a devolver rondaría los 16.500 millones de euros, cifra muy grande aún, pero menos, por hacernos una idea, de los beneficios obtenidos por la banca española en 2018 que fueron de 19.438 millones de euros. De ahí la preocupación del Banco de España para que no repartan el 50% de los beneficios entre sus accionistas. Medida ésta, que de imponerse, que es lo que temen los bancos, derrumbaría su valor en Bolsa por venta masiva de acciones improductivas.

Ha sido el Banco de Santander el contestón, el que se ha asomado a los medios para decir al Banco de España, por boca de su consejero delegado, José Antonio Álvarez, que en Estados Unidos se permite el reparto del 100% de los beneficios y no pasa nada.

Recordemos que a la situación actual hemos llegado porque el Tribunal Supremo estableció en diciembre de 2014 que el IRPH era un índice legal y correcto, que no podía considerarse abusivo y que estaba siendo bien aplicado por las entidades. La sentencia tuvo dos votos discrepantes, que ponían en duda que al consumidor se le hubiera explicado bien cómo funciona esa referencia a la hora de calcular las cuotas de la hipoteca, sobre todo frente al resto de índices, como el euríbor. Ahora es Luxemburgo quien debe decidir si los afectados por el IRPH en sus hipotecas estuvieron bien informados por parte de las entidades, o se puede establecer que se trata de una cláusula abusiva contraria a la normativa europea sobre derechos de los consumidores, lo que llevaría a cambiar la jurisprudencia española.

A pesar del importante lobby bancario en Bruselas, la banca española no controla las instituciones europeas  como lo hace en España con el Tribunal Supremo y los Gobiernos de turno, y el manejo de los medios de comunicación de nuestro país no consigue nada, de ahí su nerviosismo y el tiroteo a los presuntos culpables de su penosa y merecida situación. Ya queda menos para el desenlace.

Eduardo Lizarraga

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