La escasa neutralidad del Banco de España a la hora de dirimir entre bancos y consumidores es una constante de estos últimos años y si no fuera por el TJUE , los consumidores españoles estarían totalmente inertes ante las entidades financieras. Y una buena muestra más de esta actuación del Banco de España es la opacidad con la que trata sus expendientes y multas a los bancos. Por ello, FACUA-Consumidores en Acción reclama, una vez más, que el Banco de España haga públicos los nombres de las entidades expedientadas y que todas las multas puedan consultarse en su página web desde el momento en que se dicten las resoluciones.

La asociación exige al Gobierno que modifique la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, de manera que se acabe con una injustificada falta de transparencia que no hace más que proteger los intereses de los bancos que cometen irregularidades con los consumidores.

En este sentido, la asociación reivindica asimismo un giro radical en el funcionamiento del Banco de España de manera que deje de ser un órgano absolutamente tolerante y complaciente con los fraudes que cometen las entidades financieras. La última Memoria de Reclamaciones del organismo, correspondiente a 2016, ponía de manifiesto que ese año no aplicó ninguna sanción por infracciones muy graves y sólo cuatro por infracciones leves o graves. El documento omitió tanto los nombres de los bancos como la cuantía de las multas.

La legislación obliga a publicar en el BOE las multas impuestas por el Banco de España únicamente cuando considere que las infracciones cometidas son de carácter muy grave. En el caso de las infracciones leves, la Ley 10/2014, de 26 de junio, prohíbe expresamente la publicación de los nombres de las entidades sancionadas. En cuanto a las multas por infracciones graves, el organismo tiene la potestad de decidir si las hace públicas o no.

Al no producirse la transparencia en las actuaciones sancionadoras llevadas a cabo, se está protegiendo a las entidades que cometen los abusos en lugar de velar por los intereses de los usuarios. Por ello, debiera modificarse  la ley para garantizar que el Banco de España actúe con la misma transparencia que existe en instituciones como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd).