No se han ido, siguen revoloteando sobre los cielos de nuestras ciudades buscando comida. Y como los bancos les han cerrado un poco el acceso a sus grandes carteras inmobiliarias, que ya no son tan tóxicas,  ahora buscan otros tenedores de vivienda, empresas familiares que quieran hacer caja poniendo en valor sus activos o bancos sin escrúpulos que venden sus bloques de viviendas sociales. Y no buscan en los territorios de precios bajos, sino que sobrevuelan las regiones elevadas, por eso de buscar la mayor rentabilidad.

Ha pasado estas últimas semanas en Pamplona y San Sebastián, el de Gipuzkoa, el que ocupa siempre la parte alta de las tablas de precios de la vivienda. En Pamplona han sido, como poco, dos bloques de viviendas de alquiler social, con 160 familias afectadas, los que ha comprado a un banco,  Testa Residencial, un fondo buitre de la peor especie, propiedad de Blackstone, el jefe de la banda,  aprovechando que a los 20 años finaliza su calificación social y podrán obtener rentabilidades interesantes. La empresa dispone ya de más de 11.000 viviendas en alquiler con un precio que supera los 2.500 millones de euros.

Y ha comenzado a presionar a los inquilinos, que carecen de alternativa habitacional, para que se vayan a la finalización de su contrato, en poco más de cuarenta días, el próximo 31 de marzo. Lo hace subiendo sus alquileres, a lo que se suma el fin de las subvenciones recibidas por parte del Gobierno de Navarra al no ser ya viviendas sociales. Los inquilinos son familias con pocos recursos, pensionistas, jubilados que no podrán hacer frente a la subida de los alquileres que se están casi triplicando. Testa Residencial les conmina a que si no pueden pagar el alquiler dejen las llaves e inmediatamente pondrá las propiedades en el mercado libre de alquiler.

En San Sebastián ha  cambiado de manos, vendiendo sus acciones al Fondo Azora, una antigua empresa familiar, propietaria de una buena cartera de inmuebles, la Inmobiliaria Vascongada, con diversas propiedades inmobiliarias en todo Euskadi, pero sobre todo en Donostia, .  La nueva dirección de la inmobiliaria ha  remitido un burofax a los inquilinos, dando por finalizados los contratos a su fecha de vencimiento. Y en lugar de renovar los contratos, cobra mes a mes. Basta con conocer la actuación de este fondo en Madrid para comprender sus intenciones y lo que está por venir. Como en el caso de Pamplona la operación se ha llevado a cabo con la máxima discreción.

Como podemos ver la bandada de buitres continúa al acecho y haciéndose con todas las viviendas posibles para ponerlas en rentabilidad. Las operaciones ya no son tan grandes como las de hace unos años, pero hasta que los restos de las carteras inmobiliarias que aún mantienen los bancos vuelvan a estar accesibles, van llenando sus buches con lo que encuentran aquí o allí.

La primera bandada llegó a nuestro país allá por los finales del 2012 y principios del 2013. Venían atraídos por el olor a carroña inmobiliaria y por la existencia de un gobierno al que se le abría la boca y no la cerraba, hablando de neoliberalismo y del mandato de los mercados. Y comenzaron a hacer grandes operaciones, comprando paquetes inmobiliarios a todo el que se los ofrecía y pagando una cuarta o quinta parte de su valor.

Los bancos españoles, que obedeciendo la normativa del BCE, debían deshacerse de activos y préstamos fallidos, para dejar limpios sus balances, encontraron buitres que les solucionaban el problema digiriendo los cadáveres. Y  comenzaron a vender. Entonces aprendimos el significado de la palabra “servicers”, las entidades que gestionan las viviendas compradas sacándolas a la venta, o creando socimis para su alquiler, esa figura empresarial fomentada por el PP y que está siendo el verdadero cáncer del mercado de la vivienda..

En un principio todos estaban tímidos y las operaciones fueron pequeñas. Así, en 2013 Sareb vendió una pequeña cartera valorada en 100 millones de euros y compuesta por viviendas y garajes a HIG Capital.  Apollo compró en el 2014 Altamira, la inmobiliaria del Santander por unos 700 millones de euros. También se acercaron a los políticos o tal vez fue al revés, el caso es que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento, les vendieron su vivienda social y ahora tienen líos por su canallada.

Aprovechando las rebajas, la basura política y la inyección de dinero público en el sector, se hicieron con amplias carteras inmobiliarias. Todo les servía siempre que fuera barato. Desde paquetes inmobiliarios de bancos y cajas intervenidas y vendidas, hasta las miles de viviendas sociales que les vendieron los políticos madrileños en un alarde de desfachatez, que fue delincuencia.

Así las cosas y en estos últimos seis años, las operaciones fueron aumentando de tamaño. Y si en el 2016 alcanzaron los 22.000 millones de euros frente a poco más de 9.000 millones el año anterior,  batieron todas las marcas en el  2017, al superarse las compras,  por parte de estos fondos, de más de 50.000 millones en activos inmobiliarios de todo tipo.

En el 2018, sólo en vivienda, los fondos invirtieron en España 19.000 millones de euros,  5.500 millones de los cuales correspondieron a Blackstone,  que se ha convertido en el primer casero de España.

Y no hay que perder de vista que en todo este pastel inmobiliario, los buitres que se están repartiendo nuestro país, Apollo, Oaktree, Bain, Cerberus, Blackstone, Lone Star, Castlelake, Värde Partners, Lindorff, TPG o Goldman Sachs…tienen prisa por comprar antes de que los precios suban más. El problema es que ahora los bancos se muestran algo más reticentes ante las previsiones del mercado.

La situación de lo que ha venido sucediendo está muy clara, los fondos se han aprovechado de la necesidad de los bancos por vender y de la ausencia de normas en nuestro país, que les están permitiendo entrar en el mercado inmobiliario. Son acaparadores de vivienda, un bien estratégico para la ciudadanía.

Y la situación, es que entre todos ellos  disponen de más de 200.000 millones de euros en activos inmobiliarios en nuestro país al finalizar el 2019. A lo que habrá que sumar los que gestionan a través de sus servicers. Y con esta posición financiera tienen el control del mercado de los alquileres, con las consecuencias de incrementos abusivos y de precios más altos que al comienzo de la crisis inmobiliaria. Su objetivo es la rentabilidad del 7% caiga quien caiga.

Con más de 30.000 viviendas en sus garras, con un valor de mercado que supera los 5.800 millones de euros, Blackstone es el jefe de la banda. Cuenta con cinco sociedades cotizadas de inversión (socimis) Testa, Albirana, Fidere, Torbel y Euripo y continúa afianzando su negocio. No sólo en vivienda, sino que ya lleva invertidos en España más de 25.000 millones de euros, muchos de ellos en negocios a largo plazo.

Son más de una treintena de socimis, con inmuebles valorados en algo más de 10.000 millones, las que operan en el mercado español y están muy preocupadas con la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno. Podrían llegar a perder sus privilegios y por eso se han unido en Asocimi, un lobby para mantener sus prebendas tributarias y la opacidad.

Voces en su defensa aseguran que es imposible manejar el mercado de los alquileres con una participación del 4%. Voces interesadas sin duda, porque por poner un ejemplo, la familia Botín controla el Santander con el 0,5% del capital social.

La preocupación por las actuaciones de Blackstone y sus compañeros alados ha llegado a la ONU, que considera que el modo de actuar de este tipo de firmas de inversión, con Blackstone a la cabeza, puede considerarse «atroz», al especular con el precio de estas viviendas e impedir que las rentas más bajas puedan tener acceso a ellas. Siempre tomando como modelo a la firma norteamericana, aseguran desde la ONU,  su forma de actuar se ha convertido en el modelo a seguir por el resto. Compran en masa propiedades minusvaloradas, eliminan la presencia de sus inquilinos y las vuelven a poner en el mercado después de renovarlas, a precios inalcanzables para los que las habitaron. Esta forma de actuar causa estragos en los derechos de los inquilinos y necesita de la complicidad de la administración para poder llevarse adelante.

En unos pocos años, firmas como Blackstone se han convertido en los mayores caseros del mundo, comprando miles de inmuebles tanto en Europa, como Asia y América, convirtiendo la vivienda en un instrumento financiero y de inversión, que consigue multiplicar su precio y sus rentas para alcanzar la rentabilidad que necesitan los accionistas para estar satisfechos.

El grupo de trabajo de la ONU, ha enviado cartas a seis gobiernos, entre ellos, España, además de la República Checa, Dinamarca, Irlanda, Suecia y Estados Unidos. En ellas, indica que las legislaciones nacionales han permitido el desembarco de este tipo de fondos, otorgando ventajas fiscales y debilitando la protección de los inquilinos.

No parece lógico que un bien de primera necesidad y alrededor del cual se vertebra nuestra sociedad, como es la vivienda, quede en mano de unas empresas que no son ni de lejos hermanitas de la caridad y que lo único que buscan es el beneficio de sus accionistas en el menor plazo posible. Es preciso controlar la situación  de este bien estratégico  y sobre todo la actuación de estos grandes tenedores de vivienda,  culpables de la crisis del sistema y su accesibilidad. Y el estado lo tiene sencillo si mira a nuestra Constitución, no sólo al artículo 47, que dice que todos los españoles tienen el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, sino también el Artículo 128: Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica.

Estamos viviendo actuaciones propias de terrorismo financiero, con el consentimiento de una administración muy equivocada en cuanto a los valores que debe tener una nación y por la que sentirnos orgullosos. Un terrorismo consentido, aplaudido y protegido por los que llenan su boca con la palabra España. El patriotismo no se demuestra con la pulserita y las soflamas fascistas, sino con el apoyo a un estado social que mire por todos, aunque a los buitres y sus accionistas no les guste.

Eduardo Lizarraga

WWW.AQUIMICASA.NET