A nadie ha cogido por sorpresa el demoledor informe que sobre las actuaciones de los bancos en España y la parcialidad de nuestras instituciones y Gobierno ha debatido el Parlamento Europeo. Y tampoco su absoluta unanimidad al señalar a España, como el país europeo con mayores niveles de venta fraudulenta, tanto de deuda subordinada –preferentes e hipotecas multidivisa-  como en el crédito hipotecario, con las cláusulas suelo como estandarte del latrocinio bancario.

Y si se nos señala con el dedo por los abusos bancarios, el escarnio con el que los parlamentarios europeos se han cebado con el banco de España no tiene parangón en situaciones anteriores. Nuestro banco regulador se ha decantado siempre por defender los abusos bancarios y sus cuentas de resultados, frente a los derechos de los consumidores, que han sido ninguneados de manera constante. Y se pone como ejemplo clarificador el que el Banco de España no haya impuesto multa alguna a ninguna entidad financiera, en todos los escándalos producidos. Más que el Banco de todos los españoles parece el portavoz de las patronal bancaria.

Y aunque no se le menciona, tal vez por delicadeza o porque el mayor palo llegará en unos meses desde otra instancia europea, nuestro Tribunal Supremo, vista la opinión del Parlamento Europeo, se muestra como un organismo supeditado también a los intereses de los bancos y a las instrucciones emanadas desde el poder político que, en demasiadas ocasiones se han manifestado claras y evidentes.

En el fondo del informe se muestra la absoluta necesidad de que el consumidor financiero cuente con una protección más elevada de la que dispone hasta ahora, que se ha mostrado inexistente o ineficaz y supeditadas a los intereses bancarios, repitiendo una y otra vez la vieja mentira de que los bancos somos todos.

La Eurocámara también tiene duras palabras, que más que tirón de orejas es bofetón de cuello vuelto, para el Gobierno español que ha incumplido por sistema la transposición de las directivas europeas que podían perjudicar los intereses bancarios y sus resultados financieros. Y no hay que mirar solo al PP de Mariano Rajoy o Aznar, porque tampoco el PSOE de Zapatero o de Felipe González, en cuyo último mandato está el origen del problema, hicieron algo por los consumidores y en detrimento de los bancos.

El informe del Parlamento se ha centrado en el fraude en el mercado hipotecario, en el crédito al consumo, en la comercialización de productos financieros o en la colocación por cuenta propia de deuda subordinada. Fue encargado por el Parlamento a expertos juristas en cada una de las materias,

El Europarlamento denuncia la “insuficiente” regulación de las hipotecas y sus condiciones, poniendo especial énfasis en la falta de protección efectiva de los consumidores. Destaca los miles de afectados por créditos en moneda extranjera y el fraude masivo que ha supuesto el caso de las cláusulas suelo en España, con casi un tercio de los créditos hipotecarios implicados, lo que se tradujo en más de un millón de peticiones de devolución de las que tan sólo se han aceptado 450.000. Critica la Eurocámara la legislación De Guindos, en la que son los clientes los que deben demostrar que no fueron informados, lo que va en contra de la Directiva comunitaria.

Por su parte, en cuanto al escándalo de las preferentes, la  Eurocámara habla de más de un millón de afectados, a los que se prometieron rentabilidades cercanas al 7%, que se quedaron en quitas que llegaron al 70% de lo invertido. Los clientes, asegura el organismo europeo, han recuperado parte del dinero a través de arbitrajes controlados por  la parte bancaria y que a pesar de ello, ha fallado en un 80% a favor de los clientes.

La unánime postura de la Eurocámara en relación a lo acaecido en nuestro país, es un claro indicio de lo que traerá el futuro más inmediato de manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y no es que tengan nada que ver ambas instituciones, pero resultaría muy sorprendente que hubiera opiniones diferentes.

Y es importante lo sucedido, porque en un breve espacio de tiempo, que no debería demorarse más de seis meses, el TJUE deberá resolver una serie de cuestiones que sobre la Ley Hipotecaria española y la protección de los consumidores le han ido llegando desde nuestro país. Entre ellas,  la eliminación de la cláusula de vencimiento anticipado o su sustitución por otra, al igual que la eliminación del contrato hipotecario de la cláusula IRPH y su sustitución por otra o sin cláusula.

Ya en enero del 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que la cláusula de vencimiento anticipado de las hipotecas era abusiva. Esta cláusula no sólo se encuentra en todas las hipotecas firmadas en las últimas décadas, sino que también es la que invocan las entidades financieras para iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria y reclamar de una vez toda la deuda más los intereses, cuando el cliente deja de pagar tan sólo tres cuotas hipotecarias.

Ante la que se le venía encima al sector bancario, nuestro Tribunal Supremo, mejor dicho de las entidades financieras, devolvió la causa al TJUE con una consulta sobre la posible sustitución de esta cláusula por otra menos agresiva en los contratos hipotecarios, o su eliminación sin más. Y ahí está, esperando a que se resuelva, ganando tiempo para los bancos y causando importantes destrozos en la vida de centenares de miles de españoles.

Pero la sentencia llegará, y la posición del Parlamento Europeo resulta muy clarificadora. Y cuando llegue la resolución de esta cuestión y de otras que esperan su turno, va a causar un importante terremoto entre las entidades financieras que van a ver como el entramado legal que les permitía grandes beneficios a costa de la esclavitud de miles de personas y que les había costado conseguir tanto tiempo, esfuerzo y dinero, se derrumba y les deja casi sin argumentos.

La Ley Hipotecaria vigente no puede continuar siendo el marco legal en el que se desenvuelven los contratos hipotecarios. Y los parches puestos una y otra vez, como el último por De Guindos, continúan sin cumplir con la normativa europea. La no transposición de la Directiva  93/13/CEE que se dictó en 1993 y que los estados tenían un año para incorporar a su legislación interna, en concreto hasta el 1 de enero de 1995 y de otras posteriores la ha dejado fuera de juego. Se hace necesario un nuevo marco legal, acorde con la legislación europea y que proteja los derechos de los consumidores financieros. Y con esa Ley, volverá la confianza entre las partes y el juego podrá volver a empezar, con un marco de relación adecuado y sin abusos entre bancos y consumidores.

El problema es el limbo legal en el que van a quedar todos los contratos hipotecarios abusivos y las repercusiones económicas que puede tener su gestión. Sin duda hace ya tiempo que las entidades financieras están estudiando soluciones y no me sorprendería que, en un alarde de cinismo, intentaran cargar al estado con las responsabilidades por “obligarles “ a realizar su actividad en un marco legal incorrecto, por no transponer la Directiva como era su obligación. Tapar los agujeros que se produzcan con dinero público es una medida que les estará rondando la cabeza sin duda alguna vistos los buenos resultados que ofrece. Y la responsabilidad del Estado sería la razón para ello. Lo dicho, el bofetón de la Eurocámara va a tener consecuencias.

 

Eduardo Lizarraga

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