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De Guindos ha cedido al lobby de presión de la banca, encabezado por el Banco de Santander, y permitirá que en las cuentas de los bancos computen finalmente como capital los activos fiscales contenidos en los planes de pensiones. Con ésta medida la banca española ha conseguido prácticamente doblar la cifra de capital que permitirá la nueva legislación sobre activos fiscales diferidos (DTAs en inglés) que ya está pactada entre el Gobierno y Bruselas.

La reglamentación, que fue aprobada el pasado viernes por el consejo de Ministros, transformará en capital algo más de 50.000 millones de DTAs en términos brutos que atesoran los bancos españoles en sus balances, frente a los 28.300 millones previstos inicialmente. Este fuerte incremento se ha producido por dos motivos. Primero el éxito del lobby bancario encabezado por el Santander para que computen finalmente como capital los activos fiscales contenidos en los planes de pensiones, pese a que Hacienda se negaba, hace poco más de un mes, a esta medida.  En segundo lugar, Bruselas ha aceptado que se puedan transformar como capital este tipo de beneficios fiscales generados por las pérdidas de 2011 y 2012.

De esta manera, estas dos mejoras de la nueva norma, que limitará las necesidades de capital de la banca española ante las exigencias de solvencia, se unirán al gran paquete de DTAs que ya tenía comprometido el sector con el Gobierno desde el pasado julio.  Quedan fuera de la reglamentación, una pequeña partida de DTAs, en su mayoría referidos a los fondos de comercio que se generan al realizar una operación corporativa.

Así, el Gobierno inyectará algo más de 50.000 millones de capital en términos brutos con una medida adoptada por la mayoría de los países europeos ante la nueva legislación de solvencia de Basilea III. La cifra exacta de DTAs  incluidos en la medida no se concretará hasta que bien el Gobierno, a través de un real decreto, o bien Economía, a través de una orden ministerial, transpongan a la norma española la directiva CRD4 del reglamento de Basilea III que da luz verde a los supervisores de cada país, en este caso el Banco de España, para realizar algún tipo de ajuste.

Bankia y Sabadell son las dos entidades más beneficiadas con el cambio. Especialmente, la entidad presidida por José Ignacio Goirrigolzarri. Su ratio de capital de máxima calidad, en el escenario de Basilea III de apenas un 4,1%, según cálculos de diferentes analistas, frente al mínimo del 8% exigido por la futura legislación de solvencia, que no será obligatorio hasta 2019, pero que los mercados, sin embargo, exigirán ya a principios de 2014. No en vano, Bankia cuenta con 8.425 millones en DTAs en su balance.

Sabadell, por su parte, dispone de  5.600 millones en activos fiscales diferidos que le permitirán mejorar su actual 6,1% de capital de máxima calidad en Basilea III. Su solvencia, tras el nuevo decreto del próximo viernes, alcanzará el entorno del 10,6%. A ello, también ha ayudado su reciente ampliación de capital.

La nueva reglamentación también concederá el aprobado en solvencia al Santander y Caixabank.

La nueva norma no sólo permitirá transformar en capital estos activos fiscales diferidos sino también poder monetizarlos en caso de que una entidad estuviera en dificultades. El Estado le devolverá esos créditos fiscales con títulos de deuda pública.