Hablábamos la semana pasada de la complicidad existente entre banqueros, políticos y jueces,  para generar un nuevo negocio,  esclavizando con la deuda a miles de millones de personas. Un negocio que está llevando el planeta a la bancarrota una vez más. Nos faltó añadir que todo el equipo en juego se camufla con la capa de la ideología que comparten, como un siniestro Ku Klux Klan.

Y no hay mejor ejemplo que ilustre sus manejos, que lo sucedido en Madrid, Comunidad y Ayuntamiento, durante estos últimos años, paradigma de esa asociación ilícita con resultado de ruina y desahucio para miles de personas, frente al engrosamiento de una deuda que enriquece a unos pocos y proporciona energía al sistema, confiscando la riqueza de los demás.

En el año 2013 Azora Goldman- Sachs  se adjudicó 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales, vendidos por el IVIMA sin justificación alguna y dos meses después se comunicó a los arrendatarios – familias con escasos recursos económicos- ésta transmisión de la propiedad de sus viviendas. El fondo buitre –cada cosa con su nombre para entendernos mejor- pagó 201 millones de euros por  aquellas 32 promociones del IVIMA y a partir de aquel momento comenzó un verdadero calvario para los inquilinos, con subidas de alquileres, pagos de IBI y cuotas de basuras. El casero había pasado de ser la administración a un fondo sediento de beneficios.

Ahora  el Tribunal Supremo ha anulado judicialmente la venta  y el Gobierno de Díaz Ayuso, aún antes de saber lo que va a pasar con las casas, ya ha anunciado que está estudiando llegar al Tribunal Constitucional. Es decir, emplear el dinero de los madrileños, para defender la nefasta gestión de los antecesores de su partido y el negocio realizado por el fondo buitre.

Y si tanto Ayuso como Goldman Sachs pueden pedir amparo al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales,  y aquí aparece la certeza de que para defender a los fondos y entidades financieras siempre aparece una ley adecuada, hay que preguntarse si el derecho fundamental vulnerado no es al artículo de la Constitución que consagra el derecho a una vivienda digna. También existen algunos recursos de casación previos interpuestos por la Comunidad de Madrid, para defender la operación de venta de las viviendas.

Pasados todos estos obstáculos el auto del Supremo es firme y da validez a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del pasado mes de mayo, cuando no se aceptaron los recursos del buitre y la comunidad  –juntos y de la mano- contra la sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid.

Que la sentencia sea firme no quiere decir que todo pueda revertirse a su estado original. Han pasado ya casi siete años y la mayor parte de los pisos ha sido vendida, a compradores particulares en unos casos o a sus propios inquilinos en otros.  Compradores todos ellos considerados  terceros de buena fe y amparados por la ley, con lo que no se les puede obligar a devolver las viviendas que compraron. Otra cosa serán las indemnizaciones que puedan surgir.  Tan sólo las que continúen en manos del fondo buitre deberán revertir su situación y volver al patrimonio público. Y las indemnizaciones las deberá pagar la Comunidad de Madrid, con dinero público, para pagar los desafueros cometidos por sus correligionarios hace siete años.

Y está claro que también el fondo Goldman Sachs podrá reclamar por la fallida operación que ha originado quebranto en su patrimonio y otros perjuicios. .

Cuestión paralela y de semejante calaña, aunque con diferente final “por ser vos quién sois” ha tenido la venta de vivienda pública que el Ayuntamiento de Madrid, regido por Ana Botella, hizo de 1.860 viviendas al fondo buitre Blackstone.  La venta, como en el caso de las viviendas del IVIMA, supuso un grave perjuicio económico y patrimonial para todo Madrid en general y en particular para todas las familias adjudicatarias de dichas viviendas sociales, a las que se les ha incrementado la renta de forma desproporcionada o directamente se ha rescindido su contrato.

Pero Botella se ha escapado, porque aunque fue condenada en primera instancia, el pasado mes de julio el Tribunal de Cuentas revocó la condena a Ana Botella y a siete miembros de su equipo a abonar 22,7 millones de euros. Y además, el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha negado a recurrir para no caer “en estériles venganzas” ni gastar dinero del erario público -5.000 euros en procuradores- para recuperar los 22,7 millones de la condena. La sentencia consideró probado que la operación en la que fueron vendidas las viviendas pública por 128 millones de euros a Fidere, filial de Blackstone en España, se hizo por un procedimiento ilegal al no asegurar la concurrencia, y se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles, de 159 millones, y también por debajo del precio del mercado, generando un perjuicio al erario público de más de 25 millones de euros.

Mostrando los vergonzantes enredos y conchabeos de los jueces y magistrados con los partidos políticos y sus manejos, es preciso añadir que la decisión de anular la pena correspondió a dos consejeros elegidos a propuesta del PP: Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia del primer Gobierno de Aznar; y José Manuel Suárez Robledano, presidente de la Sección de Enjuiciamiento y exportavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, de talante conservador.

No ha sido esta la única actuación estelar de estos destacados miembros de la judicatura madrileña, sino que hace unos días, el pasado miércoles 11, vuelven a salvar a Botella impidiendo a un concejal del PSOE, Mercedes González, personarse para actuar contra la venta de la vivienda pública. Y además, han actuado en contra del criterio del tercer vocal que debía pronunciarse, Felipe García, que ha emitido un duro voto particular enmendando el auto de los consejeros de ideología conservadora. En su escrito el Tribunal de Cuentas defiende que la EMVS es la entidad “legitimada activamente” para actuar.

Por otra parte, la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado los recursos de Fermín Oslé, exconsejero delegado de la EMVS, y Alfonso Benavides, apoderado de Fidere, y por tanto ambos se sentarán en el banquillo por este caso. A ambos se les ha solicitado una fianza de 19 millones de euros en calidad de responsables civiles directos  por la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude. Botella también se ha escapado del juicio penal.

Los fondos de inversión comenzaron a llegar a nuestro país a partir del año 2012 al olor de la carroña inmobiliaria que los bancos guardaban en sus cuentas tóxicas. Y auxiliados por los banqueros locales, una legislación permisiva y que podía irse elaborando a la medida de sus necesidades, junto con políticos con tan pocos escrúpulos que vendían las viviendas de los más débiles aduciendo – Ignacio González, el señor de los áticos dixit- que «no era venta de viviendas sino de activos patrimoniales para ajustar los presupuestos», se hicieron con una gran cantidad de viviendas en el país.

Viviendas que los bancos, agrupándolas en carteras de nombres exóticos,  les vendieron muy por debajo del precio que pagaron por ellas sus propietarios, a la vez que recibían 65.000 millones de euros de un rescate que jamás van a devolver y con el que compensaron las operaciones y continuaron produciendo beneficios a sus accionistas. Y el Estado, que somos todos, manejado por sus socios políticos se lo permitió, aunque aquello costara 650.000 desahucios por un lado y el recorte del estado del bienestar por el otro, acompañado también por una pérdida de derechos y libertades para que no se protestara en exceso.

En algunos casos, como en la venta de viviendas sociales de Madrid, se transgredió la ley y en otros, en todos los demás,  con las ventas de esos paquetes de viviendas por las entidades financieras, las fronteras de la ética y la moral. Acciones que han dejado a nuestro país sumergido en la miseria deshumanizada del  capitalismo financiero, en el que todo vale para seguir engordando la deuda y los beneficios.  Tal vez la operación más sonada fue la que en Cataluña permitió a Blackstone hacerse con 100.000 viviendas de la difunta Cataluña Caixa.

Y estos buitres se quedaron, incentivados por el aumento de la rentabilidad del alquiler residencial,  convirtieron las viviendas en un interesante instrumento de inversión que compensaba la caída de los intereses bancarios y hacía de riesgo la inversión en activos industriales. El incremento de los alquileres estaba servido.

Y con la experiencia que les da muchos años de actividad depredadora en otras crisis y otros países, supieron elegir sus zonas de operaciones. Y así, mientras en el conjunto nacional las sociedades dedicadas al alquiler de viviendas representan un 10% de las viviendas de alquiler en 2018, en las grandes ciudades estas sociedades son las propietarias del 25% del alquiler residencial. Y con esa participación tienen el mercado en sus manos, por más que intenten engañarnos asegurando que su acción es irrelevante.

Esta actuación de buitres  inversores,  que ven en él sector inmobiliario una oportunidad única de grandes rentabilidades, unido al alquiler vacacional y a la venta de mucha vivienda que estaba en alquiler, por la mejoría del mercado, ha reducido la oferta y subido los precios, sobre todo en las grandes ciudades.

Todo el sistema bancario-político-judicial funciona como un lobby, trabajando unidos por el sistema financiero. Y para legislar con leyes que impidan estas actuaciones es preciso analizar y entender cómo ha cambiado, o han hecho cambiar, el papel de la vivienda y de la deuda en el desarrollo económico del país. Desarrollo que necesita esclavizar a la mayor cantidad de españoles posible, con deudas inasumibles y para siempre, controlando de paso un sector tan sensible como es el de la vivienda. No es ese el país que yo quiero.

Eduardo Lizarraga

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