Asegura el Gobierno que en breve va a poner en marcha una autoridad bancaria para controlar y sancionar la mala praxis de las entidades financieras. Y además nos cuenta que esta entidad va a ser independiente. Sin que los sufridos consumidores tengan ni voz ni voto ya ha aparecido la opinión de la Asociación Española de Banca (AEB) asegurando que la estructura ya existe y que se debería fundamentar en el Banco de España y la CNMV. Jajajajaja, como siempre el lobo guardando a las ovejas.

En fin, dejando de lado la mordacidad y el sarcasmo, la realidad es que el Consejo de Ministros ha puesto en marcha la denominada nueva Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, un organismo que aseguran se encargará de centralizar todas las reclamaciones de los clientes de la banca y cuyas resoluciones serán de obligado cumplimiento para las entidades cuando los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros. Es decir, una buena parte de los casos que hasta ahora generaban quejas y que tienen los juzgados atascados a mayor gloria de las entidades bancarias.

Fue la vicepresidenta económica Nadia Calviño, la que afirmó que su utilización será gratuita para los usuarios. Pero no comentó que su puesta en marcha va para largo -y hasta tal vez se diluya- ya que el anteproyecto autorizado hoy por el Ejecutivo quedará sometido a consulta pública, para su posterior tramitación definitiva. Y ya están los de siempre lanzando a sus bufetes y expertos para sabotear, dilatando,  las reuniones previstas. Que con un poco de suerte agotamos la legislatura y todo queda en nada.

La previsión es que este organismo se encargue de resolver las reclamaciones de los clientes que no hayan quedado satisfechos con la respuesta que le hayan dado los servicios de atención al cliente de sus entidades financieras. De esta manera ya ya no irán a parar al Banco de España o a la CNMV o a la Dirección General de Seguros, donde desaparecen como en un agujero negro.  Todas las reclamaciones de productos bancarios, seguros, valores o cualquier producto financiero pasarán por sus manos. Manos que no serán inocentes ya que en su Consejo Rector estarán del Banco de España, la CNMV, la DGSFP y la Secretaría General del Tesoro. ¡Perded toda esperanza de que si se hace funcione!

Como en una carta a los Reyes Magos, Calviño asegura que la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero resolverá las reclamaciones en un periodo máximo de 90 días y su resolución será vinculante para la entidad financiera cuando el importe reclamado sea inferior a 20.000 euros. Por si esto fuera poco, siguen contándonos que el consumidor no necesitará contratar a ningún abogado ni procurador y que las entidades financieras tendrán que pagar una tasa fijada inicialmente en 250 euros por cada reclamación, con lo que se quiere incentivar – asegura la vicepresidenta Calviño- que los servicios de quejas y reclamaciones de las propias entidades financieras resuelvan los conflictos de los ciudadanos de manera ágil.

Finalmente las entidades de los sectores afectados que incumplan las resoluciones vinculantes serán sancionadas con una multa y el anteproyecto de ley incluye un elemento de desincentivo del recurso a los tribunales cuando la entidad financiera no esté de acuerdo con la resolución que acuerde la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Por mucho menos que todo esto la banca está dispuesta a llegar al Constitucional. Lo dicho, va para largo.

Y apoyando la imposibilidad de lo planteado, el presidente de la Asociación Española de Banca, José María Roldán, ha defendido que el mejor modelo es el que se base en los dos grandes supervisores de reconocida solvencia Banco de España y CNMV…para no cambiar nada.