Que los bancos e instituciones financieras no son hermanitas de la caridad, lo sabemos todos. Que haya que tener cuidado con sus manejos también. Pero que anden a la que salta para quedarse con nuestras propiedades empieza a ser una realidad que desconocíamos. Lo último de CajaSur es que manipuló datos de un desahucio para quedarse con el inmueble por la mitad de su valor. El banco inventó que no era la vivienda habitual de los usuarios para adjudicársela en subasta por menos dinero e hinchar en más de 27.000 euros la deuda que les reclamaba.

Si nadie puja cuando un inmueble es subastado tras una demanda por impago de la hipoteca, el banco se lo adjudica por el 70% del precio fijado en la escritura, cantidad que baja al 60% si con aquella se cubre la deuda. Sin embargo, cuando no se trata de la vivienda habitual del hipotecado, la normativa permite que la entidad financiera se la quede por la mitad de su valor.

Así, CajaSur, propiedad de BBK, se adjudicó un inmueble situado la localidad malagueña de Casabermeja por sólo el 50% de su valor, con el argumento de que no se trataba del domicilio habitual de los afectados. FACUA interpuso un recurso en representación de su socia C.S.R. en el que advirtió de que el banco se había aprovechado de un error del secretario judicial, que concluyó que no era la vivienda habitual de sus propietarios por el mero hecho de que no había nadie cuando intentaron entregarse allí las notificaciones.

En su recurso, FACUA señaló que la escritura de la hipoteca dejaba claro que la vivienda era la residencia habitual de los firmantes. En este sentido, el texto refundido de la Ley Hipotecaria establece en su artículo 21 que «se presumirá, salvo prueba en contrario, que en el momento de la ejecución judicial del inmueble es vivienda habitual si así se hiciera constar en la escritura de constitución».

Además, el equipo jurídico de la asociación recordó que el banco había reconocido en su propia demanda de ejecución que se trataba del domicilio de los usuarios. Y es que aunque en la hipoteca, firmada en 2005, se establecían unos intereses de demora del 18% por las cantidades vencidas y no satisfechas, en la demanda redujo el porcentaje al triple del interés legal del dinero, el máximo que permite la legislación cuando se trata de vivienda habitual. Es el límite que impone la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar a los deudores hipotecarios.

CajaSur se opuso al recurso de FACUA argumentando que en la escritura hipotecaria no queda acreditado que se tratase de la vivienda habitual de los deudores, pese a que se indica claramente en su primera página. Para colmo, aseguró que si había reducido los intereses de demora fijados en el contrato al máximo que establece la legislación cuando se trata de vivienda habitual fue porque el banco «no era ajena ni indiferente a la situación de crisis económica que están atravesando algunos deudores».

Tras el recurso presentado, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Málaga procedió a «declarar como vivienda habitual de los ejecutados la finca hipotecada«, anuló la subasta en la que el banco se la había adjudicado y ordenó celebrar una nueva, en la que CajaSur se la ha quedado por el 60% de su valor de tasación, 27.276 euros más.

El magistrado reconoce en el auto el «hecho cierto de la manifestación vertida en la escritura de compraventa de constituir la vivienda el domicilio habitual» y, «en congruencia añadida, con los intereses y costas calculadas por la propia ejecutante con base en la misma consideración, sin que la mera dificultad habida para la práctica de la notificación domiciliaria permita por sí sola llegar a distinta conclusión».

Pero ahora CajaSur pretende que los usuarios le paguen intereses de demora del 12% devengados durante el año transcurrido desde la anterior subasta, nada menos que 15.405 euros. También el abogado y el procurador de la entidad reclaman honorarios en los que repercuten tanto esos nuevos intereses como la respuesta al recurso de FACUA que el banco perdió.

En resumen, CajaSur prestó hace once años 150.000 euros para hipotecar un inmueble valorado de 272.759 euros. Ahora, ante los impagos, se queda con él por el 60% de su valor tras haber cobrado 86.000 euros durante la vida del préstamo y además reclama a los usuarios más de 24.000 euros en concepto de intereses y costas.

El equipo jurídico de la asociación ha vuelto a recurrir, planteando además la existencia de cláusulas abusivas en el préstamo hipotecario por las que se cobraron miles de euros irregularmente.