La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado que las más de 220 familias que viven de alquiler en pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), y que estuvieron inmersas en un procedimiento de venta a fondos de inversión por el anterior gobierno municipal, van a poder seguir en sus viviendas sin más problemas por parte del ayuntamiento. La medida se extiende a un total de 2.086 inmuebles municipales distribuidos por toda la ciudad.

Los inquilinos de los 220 pisos que Carmena ya no venderá, lograron que el fondo de inversión se retirara, pero no la interposición de diversas acciones legales posteriores por parte del Ayuntamiento para hacerse con las casas. Acciones legales que ahora quedan paralizadas y sin efecto.

Carmena compareció para realizar esta declaración, junto a miembros de la plataforma «Yo no me voy», un grupo de familias que se asoció para poder recuperar el alquiler social del que disfrutaban, gracias al Decreto 100/86. Estos acuerdos de las familias con el Ayuntamiento de Madrid se renuevan cada dos años, automáticamente, si la renta familiar no ha rebasado la prevista y si no se posee ningún inmueble en la Comunidad de Madrid. En caso contrario, el inquilino debe abandonar el piso.

En el año 2012, el Ayuntamiento de Madrid decidió hacer caja con las viviendas de los más desfavorecidos y las familias recibieron la visita de asistentes sociales que les anunciaron la venta de sus viviendas a un fondo de Inversión de Renta Corporación. Botella ofreció a los afectados, casi la mitad de ellos de avanzada edad, el traslado a pisos de características similares, pero en otros distritos. Pero los inquilinos, que vivían desde hacía años en el centro de la ciudad, se negaron e iniciaron la lucha por sus derechos.

La alcaldesa ha señalado que más de 50 familias que viven en estos pisos, del total que supera las 220, se encontraban inmersas en procedimientos judiciales, bien iniciados por la EMV o por los propietarios. Todos los procedimientos abiertos se han paralizado y se está estudiando un modelo de contrato que les proporcione estabilidad y permanencia, sin desahucios ni fondos buitre, estudiando expediente por expediente.

Manuela Carmena asegura que la política del Ayuntamiento de Madrid se basará, de ahora en adelante, en la idea de que el derecho a la vivienda es «un pilar fundamental en la vida de las personas».