La privatización de servicios públicos tan imprescindibles como puede ser el abastecimiento del agua está consiguiendo que los usuarios puedan quedarse privados del mismo. Y es muy discutible que el derecho al agua, que es un bien necesario para la vida, pueda ser suprimido por los intereses financieros de empresas privadas que han incluido en su precio el capítulo de beneficios. Muchos ayuntamientos han visto en la venta del abastecimiento de aguas al municipio una fuente de ingresos municipal y un negocio seguro para los propietarios de las empresas explotadoras. El Ayuntamiento de Jerez, gobernado por el Partido Popular, privatizó la gestión de este servicio básico en abril de 2013, a cambio de un canon de 80,1 millones de euros. Ocho meses después de la externalización del servicio, la compañía Aqualia ha ordenado desconectar a los usuarios con impagos. La empresa defiende que algunos vecinos adeudan facturas «desde hace ocho meses».

Todos las familias que han sufrido la suspensión del suministro deben abonar además del recibo pendiente un canon de reconexión de 60 euros. Desde Izquierda Unida de Jerez, el concejal Joaquín del Valle, ha tachado de «barbaridad» la «ofensiva» de Aqualia. «Se ha cortado el agua en los hogares sin tener en cuenta si viven niños, mayores o enfermos, añade el líder de IU. Así el derecho al agua queda supeditado a los intereses económicos de grandes empresas y a las necesidades de sus cuentas de resultados.

Por su parte, Alejandro López, alcalde de La Barca, una de las pedanías de Jerez afectadas por los cortes de agua, ha afirmado que se habilitarán ayudas para asistir a los afectados. La plataforma en defensa de la gestión pública del agua ya ha convocado concentraciones de protesta para este fin de semana que podrían prolongarse si no se alcanzan soluciones.