Por si fuera poco el tiempo fijado para que la Ley entre en vigor, que de dos meses pasó a tres, por obra y gracia del tándem PP/Ciudadanos en el Senado, la nueva ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado BOE, hasta el pasado 16 de marzo. Será a partir de esa publicación cuando comiencen a correr los tres meses fijados para su entrada en vigor.

Así, las nuevas condiciones para conceder hipotecas, el papel del notario y la defensa del consumidor, que recoge la ley no comenzarán a aplicarse hasta el verano. Y es importante, porque esta ley reparte los gastos entre la entidad financiera y el firmante del crédito hipotecario, además del abaratamiento de los intereses de demora, el aumento de los meses de impago antes de que se ejecute un crédito y los intereses por la amortización anticipada.

El Congreso realizó el pasado 21 de febrero las últimas votaciones de esta ley, relativas a las enmiendas impuestas en el Senado, una de las cuales fue una ampliación del plazo otorgado a las entidades financieras para que se adaptaran a la nueva ley. La ampliación de plazo fue avalada después en el Congreso, con el respaldo de PP, Cs, PDeCAT, UPN y Foro Asturias.

Esta ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario sirve para trasponer una directiva para la cual España ya acumula un retraso de tres años, ya que el plazo para la trasposición acabó en marzo de 2016, razón por la que la Comisión Europea inició en su momento un procedimiento de sanción.