Cuando el próximo día 24 de junio, el abogado general Maciej Szpunar aporte sus conclusiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que juzga el caso de la falta de transparencia del IRPH, se habrá cumplido el último trámite antes de que llegue la sentencia en el cuarto trimestre del año. Y todos tendremos un poco más claro cuál será el resultado final.  Pero algo debe saber ya la banca española, pues su estrategia  empapa con lluvia fina las páginas de los  principales medios de comunicación españoles. Y bien que se cobrarán el favor los tabloides cuando toque, con sustanciosas campañas de publicidad de todos los miembros de la AEB.

De momento ha sido el Banco de España quien ha salido a la palestra, con su  último Informe de Estabilidad Financiera (IEF), para advertir a los bancos afectados que sean buenos y que  provisionen lo suficiente para la que se les avecina,  ya que la sentencia del IRPH es uno de los mayores riesgos que les amenazan. Y lo hace el supervisor desde una posición  que queda un tanto ridícula y débil, cuando sabemos cuál ha sido su participación en toda esta estafa.

Y es que fue el Banco de España quien proporcionó al IRPH  la necesaria cobertura legal para funcionar como un índice oficial, publicado en sus comunicaciones y regulado desde la institución. No contento con su actuación durante la época de Miguel Ángel Fernández Ordoñez, de muchas sombras y ninguna luz, el  Banco de España confía en que la argumentación remitida al TJUE por los servicios jurídicos del banco, certifique la legalidad del índice IRPH y su transparencia, disipando todas las dudas sobre su opacidad y la capacidad de las entidades financieras para manipularlo y llevarlo por escalas superiores al euríbor de forma general. Es decir, intentan que el TJUE trague con la sentencia del Supremo y estime que aunque pueda haber algunos casos puntuales, la generalidad del índice se ciñó a la legalidad y que la mera referencia de una hipoteca a ese índice, no puede prejuzgar ni falta de transparencia ni un abuso.

Hace también hincapié nuestro supervisor en que la aplicación del IRPH –se referirá al de Cajas-  estaba muy extendido entre estas antiguas entidades financieras, muchas de las cuales terminaron vendidas como despojos por un euro a los principales bancos del país, BBVA, Santander y  Caixabank, que por ello serían las entidades más afectadas.

Pero no sólo ha sido el Banco de España quien se ha asomado a los medios de comunicación para hablar del IRPH, Caixabank, la entidad que más dinero ha estafado a los españoles con la aplicación del IRPH, ha tomado la palabra para advertir a los accionistas de que su riesgo alcanza los 6.700 millones de euros a cierre de marzo.

Apenas diez días antes, conocido el resultado electoral,  el Santander  y la CEOE pidieron a voz en grito un pacto de Gobierno PSOE y C’s, con la clara intención de que su gran valedor bancario, Albert Rivera, estuviera a los mandos y pudiera volver a echarles una mano. Hace ya tiempo que sustituyó a Casado y su PP al frente del lobby político/bancario. Entiendo que habrá votantes de C’s entre ese 1,3 millones de hipotecas, pero la incorporación del ciudadano Rivera tendría nefastas consecuencias para los afectados por la estafa del IRPH.

Con el último informe filtrado por el Banco de España, ya sabemos que todo el riesgo acumulado por una sentencia negativa en el IRPH podría llegar a los 60.000 millones de euros y si alguien piensa y cree que la banca está asumiendo esa situación, esperando sentada al desenlace, le recomiendo que compre tres reales cartas y las rellene con aplicación y buena letra, a ver qué le cae el próximo 6 de enero.

No hay más que hacer números para entender lo complicado de la disposición de remanentes que pide el Banco de España. La cifra total a provisionar supone el 50% de los beneficios obtenidos por la gran banca en la última década, que fueron 120.806 millones de euros. Es decir, que la mitad de sus beneficios procede de un índice que ahora está en discusión. Si sumamos las otras estafas y abusos pendientes de devolución: cláusula suelo, gastos hipotecarios, intereses usurarios, multidivisa, preferentes, depósitos estructurados, swaps…podemos encontrarnos con que casi el 80% de los beneficios bancarios proceden de sus malas prácticas. Es decir, lo que ya sabemos; han vivido a lo grande, por encima de sus posibilidades, a costa de nuestros bolsillos. Y lo tienen que pagar y como no puede ser a costa de los beneficios pasados, ya repartidos entre accionistas y directivos, lo tendrá que ser a costa de los beneficios futuros. Y esto es lo que asusta a la estructura financiera, una huida masiva de accionistas hacia otros valores más rentables.

Resulta evidente que las entidades financieras comenzaron a elaborar su estrategia de defensa al día siguiente de recibir el bofetón de cuello vuelto que les supuso el informe de la Comisión Europea y que tan bien supo resumir  el abogado Napoleón Ruiz el pasado 25 de febrero:  el índice a aplicar lo hace el profesional, la Directiva 93/13 es de obligado cumplimiento para el IRPH, el artículo 4.2 no ha sido traspuesto de ninguna forma, ni directa, ni implícita ni indirectamente y que la retroactividad deberá ser total en caso de anulación de la cláusula ya que es como si ésta no hubiera existido nunca. Y que por supuesto, es preciso aplicar la transparencia a este complejo índice, para que el consumidor entienda que hay costes dobles y que siempre será superior a otros índices por su sistema de elaboración.

Tal y como destilan las intervenciones y comunicados que han venido haciendo representantes de las entidades financieras y el aquiescente Banco de España, tres son los puntos en que se basa la estrategia pergeñada estos últimos meses y que contemplaremos como va apareciendo en sus medios de comunicación, páginas salmón incluidas, en las próximas semanas.

  1. La compra de algunas de las entidades contaminadas por el IRPH se hizo por un euro, sin mayores responsabilidades. Responsable subsidiario el Estado que fue quien vendió estas entidades.
  2. El Banco de España gestionaba el IRPH y la banca tan sólo aplicó un índice que era legal y que no necesitaba el compromiso de trasparencia al emanar desde el BdE. Responsable subsidiario el Estado porque el Banco de España es un organismo estatal.
  3. Y si todo esto no da resultado llegaremos al chantaje de “y si me hacéis pagar, cierro y me voy”, muy querido y socorrido argumento en el tejido empresarial española ante las deudas con Hacienda, Seguridad Social e impuestos municipales.  Y 60.000 millones de euros no hay Fondo de Garantía de Depósitos que lo aguante, sobre todos después del estado comatoso en que quedó tras las acometidas de Rajoy y su ministro de Economía.

Y por supuesto, en el remotísimo caso de que los bancos contemplen la posibilidad de pagar algo de lo que deben, olvidaros de que lo hagan sin meter por el medio a su gabinete jurídico para que la victoria sea pírrica en todos los casos. Y no sólo porque ya pagan a sus abogados y es preciso que se ganen el sueldo, que también, sino porque esa estrategia dilatadora y amenazante, con largos pleitos, ya le está dando buenos resultados en los casos de la cláusula suelo y las otras cuestiones que ya tienen pérdidas ante el TJUE  y demandadas o recurridas en tribunales y audiencias.

Para regocijo de todos estos nuevos bufetes de abogados que trabajan a comisión por resultados y de los suyos propios, que van a tener trabajo hasta la jubilación de los becarios, tras la sentencia europea y los intentos de adjudicar el monto resultante al Estado, a los que supongo nos opondremos con alborozo, el IRPH terminará en los juzgados especiales que montó el PP y de ahí, a la eternidad. Porque saben que demorando pagarán menos y a algunos de los reclamantes ni eso, que no serían los primeros en quedarse por el camino.

Los cerca de 1,3 millones de afectados son muchos afectados, sobre todo si se unen y comienzan a manifestarse ante el Gobierno y las sedes de todas estas entidades financieras. Al igual que el movimiento de los jubilados en el País Vasco, la unión hace la fuerza y los logros que podrían conseguirse  son inalcanzables por cualquier otro camino. Ni el PSOE ni el resto de las fuerzas políticas a su derecha quieren permitir que el clamor se convierta en realidad: “Que paguen lo que deben de forma automática y sin tener que pasar por el Juzgado”. Pero para todos esos afectados, motivados, en la calle y exigiendo lo que es suyo, no hay imposibilidad alguna de conseguirlo, en su mano está.

 

Eduardo Lizarrraga

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