Era una situación cantada la que se avecinaba, con la desfachatez de los Bancos y la capa protectora del Gobierno el resultado era inevitable. Unos negándose a devolver el dinero estafado con la cláusula suelo a los usuarios y tejiendo mil argumentos para evitarlo, los otros, el Gobierno, silbando con las manos en los bolsillos y mirando para otro lado.

A instancias  superiores, sin lugar a dudas, el  CGPJ ideó un plan para que los Juzgados no se saturaran con las demandas que se preveía llegarían. Y Rafael Catalá, Ministro de Justicia, prometió que dotaría a estos Juzgados especiales, de los medios suficientes para solventar lo que  a pesar de todo preveían. El Plan consistía en la especialización de 54 juzgados de Primera Instancia, uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear, en litigios relacionados con cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa. El Plan comenzaría a funcionar el 1 de junio.

Pero no contaban con que la absoluta inmoralidad de los bancos y sus respuestas surrealistas a los demandantes,  para no devolverles el dinero estafado, llevarían a los afectados a colapsar los Juzgados. Ellos no lo suponían, o eso declaran, el resto sabíamos perfectamente lo que iba a suceder.

Esta semana el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) daba cuenta de que en junio se habían presentado 16.000 demandas en los juzgados especializados en cláusulas suelo, que se ampliarían a 192.000 a finales de año. A la vista de esos datos, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) habla ya de «un auténtico caos judicial«. Considera que «se han cumplido las previsiones» de «colapso» de estos juzgados de nueva creación. En esa línea, ha presentado un recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión del CGPJ de crear estos juzgados especializados en cláusulas suelo.

El problema principal radica en que las medidas del Gobierno para impulsar la devolución de las cantidades cobradas por los bancos por la cláusula suelo, declarada abusiva por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se han demostrado absolutamente inútiles, a la vista del volumen de demandas que están llegando a los juzgados especializados. La ayuda del Gobierno a la banca está generando una avalancha de demandas nunca vista.

Y es que la desfachatez que están demostrando los bancos españoles a la hora de enfrentarse a los afectados no tiene parangón. Lo que ha llevado a otra asociación de consumidores, Facua, a denunciarles. Y lo hizo en primera hornada en el mes de marzo, cuando denunció  a trece bancos por irregularidades relacionadas con el real decreto ley sobre las cláusulas suelo aprobado el pasado enero, en casi todos los casos por poner trabas a los usuarios para recepcionarles sus reclamaciones a través de la vía extrajudicial impuesta en la norma.

Las entidades denunciadas, ante el Banco de España, el Ministerio de Economía y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad, fueron Bankia, Caixabank, Abanca, Banca March, Banco Pastor, Popular, Sabadell, Laboral Kutxa, Credifimo, Banca Pueyo, Banco Mare Nostrum (BMN), Banco Caminos y España Duero.

Ahora, en una segunda vuelta, la organización de consumidores ha vuelto a denunciar a otras cinco entidades, también por poner trabas de todo tipo a los usuarios que quieren recuperar su dinero.  La denuncia, interpuesta ante el Banco de España y el Ministerio de Industria, Economía y Competitividad, tiene como denunciados a Banco Sabadell, Unicaja Banco, Banco Popular, España Duero y Caja Rural de Navarra. Todos ellos por elaborar nuevos impedimentos con las que intentan hacer desistir a los afectados.

Pero los afectados no desisten, se enfadan y demandan. Y es que no hay otra manera de actuar ante los absurdos impedimentos que interponen los bancos antes los reclamantes.

Unos argumentan con puerilidad pensando en que enfrente tienen a tontos; otros, las administraciones que actúan al alimón, dan la callada por respuesta y miran para otro lado. Y es que desde marzo, mes en que se puso la primera denuncia contra las entidades bancarias, hasta ahora, ni el Banco de España, ni Aecosan ni el Ministerio de Economía han comunicado públicamente la adopción de medidas para hacer frente a las irregularidades de las entidades financieras.

Todo forma parte de una estrategia para que los bancos devuelvan lo menos posible. Y esta argucia, cuando tanto el Tribunal Supremo como el TJUE ya han declarado en diferentes sentencias la ilegalidad de la cláusula suelo y que, por tanto, debería devolverse el dinero a los afectados sin más dilación ni procesos complejos, caros y lentos, es una canallada.

La Banca española sigue jugando a presentarse sin camisa cuando habla con el Gobierno, éste se lo cree todo –pobrecitos- y no recuerda que los seis grandes bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Popular y Sabadell- registraron un beneficio neto conjunto de 8.755 millones de euros en 2016. Y los afectados por esta cláusula abusiva, cuyo número podría acercarse al millón de españoles, ven que ese dinero que les estafaron, que podría ser de unos 9.000 euros de media, continúa en el alero y que van a sufrir y sudar mucho para poder recuperarlo, lo que no debería ser así.

Pero éste país es así, si robas una bici eres un pobre diablo y vas a la cárcel, pero si robas 10.000 millones a un millón de personas eres un banquero y vas al papel couché. Nos roban, no les pasa nada y entre todos lo consentimos y hasta contemplamos su glamour con arrobamiento. ¡Subnormales, somos subnormales!

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Eduardo Lizarraga

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