No hay semana desde los últimos meses en que la Justicia, ya sea española o europea, no de un nuevo varapalo a nuestra banca en beneficio de los consumidores. Y es que han sido demasiados años durante los que estos señores han hecho y deshecho a su antojo. Entremetidos en el régimen franquista desde sus inicios, dándoles apoyo financiero y compartiendo mesa y negocios con ellos, siguieron sin movérseles un pelo en la transición, llegando hasta nuestros días casi indemnes. Ha tenido que ser la inclusión de nuestro país en la Unión Europea, la que ha conseguido que el derecho comunitario y los derechos de los consumidores vayan llegando a nuestro país y rompan la red de normas y leyes favorables a sus intereses, que nos convertían en esclavos de sus beneficios.

Esta semana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha dictaminado que las hipotecas multidivisa pueden ser consideradas abusivas, cuando los clientes no hayan sido convenientemente advertidos de los riesgos de este producto financiero.

Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia número 28 de Barcelona, ha condenado a CaixaBank a devolver a un cliente las cantidades abonadas en concepto de gastos de notario, inscripción registral y de gestión, así como el importe del discutido Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. No es la transparencia de la cláusula lo que condena el juez, sino el desequilibrio entre las partes, que la convierte en abusiva.

La controvertida cláusula de vencimiento anticipado, que está siendo estudiada por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha sido anulada por el juzgado de Primera Instancia 101 bis de Madrid. Es la primera vez que un juzgado anula este punto de un contrato hipotecario. La sentencia anula también los intereses de demora establecidos por la entidad financiera (Bankia), al considerarlos abusivos. Según la sentencia, los intereses fijados por Bankia eran cuatro puntos porcentuales superiores al interés remuneratorio. La sentencia del tribunal de Madrid se ha basado en la jurisprudencia comunitaria, entendiendo que la cláusula de vencimiento anticipado sólo beneficia a la entidad bancaria, pues es ella la que obtiene un título ejecutivo para acudir al procedimiento de ejecución especial y un crédito preferente, en caso de que los prestatarios incurran en concurso de acreedores

La aplicación de ésta cláusula por parte de la banca española tiene muchos frentes abiertos, no sólo entre los particulares y los bancos, sino también y esto es lo más importante, entre la justicia española y la comunitaria. El Tribunal Supremo negó el 23 de diciembre de 2015 la nulidad de la cláusula si el deudor o moroso incurría en un incumplimiento flagrante de los pagos. Y a continuación, el 17 de marzo de 2016, el Supremo incidió en la misma idea, chocando con el TJUE que, declaró contrario al Derecho de la Unión Europea la normativa española, que impide al juez suspender una ejecución hipotecaria en marcha cuando existe una cláusula abusiva.

Con la sentencia de finales de diciembre de 2016 del tribunal europeo sobre cláusulas suelo, todo cambió, ya que obligó a los bancos a pagar todo lo sustraído sin límite retroactivo, cuando mediara una cláusula abusiva en el contrato. Para evitar otra desautorización del TJUE con el vencimiento anticipado, el alto tribunal ha consultado en febrero pasado al TJUE para conocer “si puede hacerse una declaración parcial de abusividad de una cláusula manteniendo la validez de la parte que no se considera abusiva”. Es decir, se intenta salvar el contrato eliminando la cláusula abusiva en lugar de declararlo todo ilegal.

Y esto no acaba más que de empezar, a pesar de las trabas que están poniendo las instituciones financieras, con la inestimable ayuda del Gobierno, que mira para otro lado. Y es que el número de demandas presentadas, entre el 1 de junio y el 8 de septiembre pasados, en los Juzgados de Primera Instancia, especializados, en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias, es decir, entre otros, cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa, asciende ya a 57.068 expedientes. De los Juzgados especializados, el que más demandas ha ingresado en su primer mes de funcionamiento es el de Madrid, con 13.064. Le siguen el de Barcelona, con 4.644; y el de Sevilla, con 2.946. En los Juzgados especializados de otras provincias como Málaga o Valencia se han registrado más de 2.000 demandas.

Y todo esto sucede el año en que el Banco de España reconoce que el Estado perderá finalmente 60.600 millones de euros en el rescate realizado a nuestros insignes y preclaros banqueros, es decir, el 80% de los 77.000 millones inyectados. Es lo que dice el Banco de España…a saber la realidad.  Y eso que De Guindos aseguraba hasta la náusea, que el rescate no costaría ni un euro a los contribuyentes españoles. Estimo que tan mala tasación le ha desautorizado para hablar de finanzas hasta los restos, vamos, que no le dejo gestionar ni la hucha de mi hija.

Capítulo aparte va a merecer lo sucedido con el Banco Popular y el gesto caritativo del Santander, quedándoselo como favor especial, gesto que para la familia Botín, que acudió en bloque a la ampliación de capital de 7.000 millones de euros que el Santander pactó con el BCE, como condición para adquirir por un euro el Banco Popular en junio,  les suponen ya ganancias de más de tres millones de euros en apenas un mes. Y de esos tres millones de vellón, algo más de un millón corresponden a la presidenta de la entidad, Ana Botín, que adquirió 83.000 acciones de forma directa y 1,76 millones a través de su sociedad Cronje SLU. En total, realizó un desembolso de 8,9 millones de euros.

Y mientras la familia Botín gana, los otros, los más de 300.000 accionistas del Popular – algo menos de la mitad de ellos con apenas 1.000 títulos en su poder-, más los bonistas, lo pierden todo, casi 4.000 millones de euros. Y a pesar de la proverbial lentitud de la Justicia, sobre todo cuando se habla de estafas mil millonarias, que afectan a políticos o personajes ilustres, la venta del banco por un euro ya está trayendo mucha cola y  aluviones de demandas. Algo sospechoso resulta que las autoridades europeas se nieguen a hacer público los informes que obligaron al BCE a declarar insolvente al banco.

La banca española, las familias que la forman y su estructura de adláteres, está resultando una losa inaguantable para el país. Responsables de un elevado porcentaje de nuestra deuda, continúan con sus manejos de ingeniería financiera que detrae recursos e impuestos al país. Constituyen en gran parte, un elenco de parásitos sin moral, acostumbrados al dinero fácil y los pelotazos, que manejan la economía a su antojo y cuyo peso nos está arrastrando como país y como personas.  Sus beneficios y ganancias son incompatibles con un país arruinado como el que tenemos.  Es hora de que despertemos y señalemos a los responsables.

Eduardo Lizarraga
WWW.AQUIMICASA.NET