Hemos vuelto a asistir la pasada semana a una nueva batalla de los consumidores contra la banca española. De momento y en el último envite se han quedado en tablas, pero todo indica que a pesar de los esfuerzos de las entidades financieras, cuyos más altos directivos han salido en tromba a defender su bonhomía y correcta actuación según la legislación vigente, el consumidor ganará la batalla de los gastos hipotecarios con el impuesto de actos jurídicos documentados a su favor. Y tocará la devolución del importe, al menos a las hipotecas de estos cuatro últimos años, con un gasto estimado para los bancos de unos 3.000 millones de euros.

Otra cosa muy diferente será lo que suceda con la retroactividad de la sentencia y se está produciendo una importante lucha de las entidades financieras para que no se reconozca. Porque si se hace estamos hablando de una cantidad que podría sobrepasar los 21.000 millones de euros. Y eso son palabras mayores, muy mayores. Tanto que la banca ya ha amenazado con llegar a los tribunales en todas y cada una de las demandas que se produzcan. Estamos hablando de una cifra, que dependiendo de la retroactividad,  superaría los 2 millones de afectados, con lo que el colapso que ya existe en los juzgados especiales para los abusos bancarios, con más de 210.000 casos paralizados, se volvería imposible de asumir por una sociedad que se dice democrática.

Y por si esto fuera poco, se está a la espera de las sentencias definitivas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en lo relativo al IRPH y la cláusula de vencimiento anticipado. Y dependiendo cual sea el fallo, que ya se vislumbra, se originará otra catarata de demandas.

En estos momentos las prácticas abusivas de las instituciones financieras en nuestro país, han generado centenares de miles de demandas contra las cláusulas suelo, las preferentes y subordinadas, los créditos swap y multidivisa…desviadas todas ellas a los juzgados especiales creados al efecto. Y en todos los casos la estrategia bancaria es la misma, resistir y recurrir en las audiencias provinciales para conseguir  rebajar las cantidades a pagar por agotamiento del contrario. Pero esta acción, reprobable por lo que significa de abuso del fuerte y dotado de medios contra el débil y el embadurnamiento del concepto de Justicia con el lodo más vil, puede llevar la situación a un punto donde sea necesario tomar medidas drásticas que no pueden ser a costa de los afectados.

Por tener unos datos, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre el 1 de julio del año pasado y el 30 de junio de este se han presentado, pese al decreto para promover los acuerdos entre los bancos y los afectados-jajajaja-, 247.381 demandas por las cláusulas suelo; resolviendo los juzgados especiales 40.389 casos, con el 97,03% de las veces en forma favorable hacia el consumidor.  Pero quedan por resolver nada menos que 208.601 casos, sin contar con que la mayor parte de las sentencias perdidas son recurridas por los bancos en las audiencias provinciales provocando el colapso de las mismas

Durante ese mismo periodo de tiempo las audiencias, según el CGPJ, han resuelto 58.249 casos de preferentes, 10.236 de subordinadas y 9.653 de ‘swap’. Suman 78.138, lo que indica, como poco, la existencia de otras tantas resoluciones sobre este tipo de productos financieros en los juzgados de primera instancia, a las que hay que sumar las no recurridas y las causas en trámite.

Salvando la inesperada resolución del Supremo respecto al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que puede suponer la puntilla bancaria, y volviendo a los dos asuntos de mayor calado pendientes, es decir, el IRPH y la cláusula de vencimiento anticipado, la situación no es nada halagüeña  para los intereses bancarios.

El pasado mes de septiembre la Comisión Europea, respondiendo a una cuestión prejudicial elevada por un juzgado de Barcelona, puso distancia con la resolución del Supremo, que afirmó que el IRPH ni es abusivo ni es opaco, sino un indicador supervisado por el Banco de España y legal a todas luces. En su demoledor informe para las instituciones financieras españolas, la Comisión asegura que el IRPH se puede y debe eliminar de los contratos hipotecarios si el juez comprueba que no ha habido transparencia en su aplicación y puede hacerlo manteniendo el resto del contrato eliminando del mismo los intereses. En caso de que el contrato no pueda subsistir erradicando la cláusula o su nulidad sea perjudicial para el usuario, ambas partes deberán buscar “de buena fe” un índice sustitutivo, abonando el banco las cantidades percibidas de más.

Tras el informe de la Comisión Europea y el pronunciamiento del Abogado General, Maciej Szpunar, que fue aún más duro con la banca española y su inseparable Tribunal Supremo, deberá ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quien dicte definitivamente una sentencia. Y las perspectivas son muy malas para nuestro sector bancario.

Pero además del IRPH, el TJUE debe dirimir sobre la cláusula de vencimiento anticipado y en los mismos términos, si un juez es competente para sustituirla por otra, que es lo que piden tanto el Supremo como los bancos,  o debe eliminarse del contrato. El mismo problema la misma solución. Pero aquí hay más en juego. Y es que en los últimos diez años la gran mayoría de los 695.259 ejecuciones hipotecarias realizadas por los bancos en España y los lanzamientos de vivienda derivados de ellas, se han realizado invocando esta cláusula de vencimiento anticipado, en algunos casos por haber dejado una cuota impagada. Todos esos desahucios podrían ser nulos si la cláusula de vencimiento anticipado debiera haberse retirado del contrato por abusiva. Ello sin contar con las más de 80.000 ejecuciones hipotecarias ya previstas, que están esperando que la situación se dirima y que de desaparecer la mencionada cláusula, deberán resolverse por otra vía mucho más larga que la ejercida hasta ahora por los bancos.

Entramos en unos números y situaciones imposibles de asumir, ni por la Justicia Española ni por la banca. Es cierto que todo ese dinero ingresado de más ha pasado por sus manos y que todos los desahucios realizados le han dejado con centenares de miles de viviendas vacías en su poder. Pero ni el dinero está ya en sus bolsillos ni tampoco las viviendas, que se  han vendido, a precio de derribo no ofertado a sus anteriores propietarios, a fondos buitre, que son ahora los grandes propietarios del inmobiliario español.

Es la banca la que ha vivido por encima de sus posibilidades, exprimiendo a su país con leyes y cláusulas abusivas y obteniendo recursos ilegales. Y de esos abusos llegó su época dorada, con sucursales en cada esquina, centenares de miles de empleados, inversiones americanas, relumbrón europeo y grandes sueldos para sus ejecutivos, sin hablar de los dividendos que año tras año daba a sus accionistas. ¿Cómo va a devolver ese dinero que se ha gastado y no tiene? ¿Cómo va a devolver las viviendas a los desahuciados de manera ilegal o resarcir los daños causados? ¿Vamos a tener que rescatarlos otra vez? ¿Seguiremos tolerando que colapse la Justicia para beneficio propio?Sumadas todas las cantidades que nuestro sistema financiero tendría que devolver da como resultado la necesidad de un pacto de estado por el que se garantice su supervivencia intervenida y que no sea a costa de de los damnificados, que deben ser resarcidos de sus pérdidas… de entre todos los participantes son los menos culpables.

La Justicia está intervenida por colapso, el dinero se ha esfumado, los desahuciados se quedaron sin casas y con deudas de por vida, los fondos buitre campan a su conveniencia, los bancos se llevan las manos a la cabeza y parece que no hay nadie capaz de tomar decisiones para arreglar la difícil situación que podría originar un sistema bancario quebrado de nuevo y al que no parece de recibo que el Estado socorra otra vez con un cheque en blanco, a pesar de ser corresponsable de la situación…¡Toc, toc! ¿Hay alguien?