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El Consejo de Estado duda del déficit de tarifa y del sistema de la subasta de luz

El Consejo de Estado (CES) puso en aviso al Gobierno de las graves irregularidades encontradas en el expediente entregado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre el Proyecto de Ley del Sector Eléctrico.

El Consejo de Estado entregó un extenso informe en el cual detalla las deficiencias y anomalías que, a juicio de la Comisión Permanente celebrada el 12 de septiembre, se localizan en el material facilitado.
En una primera exposición, el Consejo de Estado analiza las ‘carencias’ que adolece el Anteproyecto de Ley entregado, identificando las causas en la ‘extrema brevedad’ del plazo disponible para la tramitación del expediente. El Ministerio de Industria le pidió al CES que despachara el expediente en 4 días, a lo cual este le recuerda al Ministerio que el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, dispone que todo anteproyecto “irá acompañado por la memoria y los estudios o informes sobre la necesidad y oportunidad del mismo, así como por una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar”. La Memoria incorporada al expediente presenta lagunas importantes, expone el Consejo de Estado.

La primera se refiere a los antecedentes normativos del anteproyecto. Según el artículo 88 de la Constitución, se establece que los proyectos de ley se someterán al Congreso “acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos”. Pues bien, en el expediente entregado por Industria, el verdadero alcance y significado sólo se comprende a la luz de sus antecedentes normativos, pero no por venir estos reflejados en el contenido del expediente entregado al Consejo de Estado, por lo que le obliga a este a realizar un proceso de ‘investigación’ que, tal y como se le comunica al Gobierno, hace inviable entregar en el plazo de 4 días su preceptivo informe.

Por otra parte, el apartado que la Memoria dedica al impacto económico del proyecto resulta incompleto. Indica el CES que en el artículo 22.2 de la Ley del Gobierno, establece que todo anteproyecto irá acompañado de una memoria económica y es obvio que la memoria que lo respalda debería incluir una exposición extensa y cuidada sobre los mecanismos económicos y regulatorios que se van a utilizar para resolver un problema tan grave, como es la normalización del Sector Eléctrico. Esta memoria adolece de los preceptos de la ley que se proyecta, ni la simple mención de los principales datos económicos del sector.

Sorprende que el Ministerio de Economía y Competitividad haya intervenido en el expediente en una fecha tan tardía y que su informe no contuviera una reflexión general de alguna amplitud sobre la reforma global del sector eléctrico que el anteproyecto se propone introducir. Cabe añadir, que habría convenido contar con el informe del Consejo Económico y Social y de las organizaciones sindicales del sector eléctrico, expone el Consejo de Estado.

También manifiesta el Consejo de Estado su sorpresa por la ‘precipitada evacuación’ requerida a la Comisión Nacional de la Energía que, en tan solo 15 días, tuvieron que realizar un trabajo que a la lectura hoy de este, carece de información básica para un analisis mas detallado.

La preocupación manifestada por el Consejo de Estado se basa en que el sector eléctrico, no sólo constituye un sector estratégico para el funcionamiento de cualquier sociedad moderna, representando por sí mismo un bloque muy importante dentro del conjunto de la economía nacional, sino que es clave como factor de producción esencial para la práctica totalidad de los sectores económicos, condicionando de manera determinante en muchos casos su competitividad, por lo que un análisis del expediente en 4 días, hace practicamente inviable llegar a conclusiones coherentes a la importancia del Anteproyecto de Ley presentado.

Recuerda en su comunicado al Gobierno, que en reiteradas ocasiones el Consejo de Estado ha llamado la atención acerca de la necesidad de introducir claridad en la ordenación normativa del sector eléctrico, corrigiendo las consecuencias indeseables que derivan de la dispersión existente en esta materia, en la que conviven normas de distinto rango de difícil sistematización y conjugación para el operador jurídico. Una vez mas se hace caso omiso a esta incuestionable necesidad planteada.

De hecho, como señalara este Consejo en su Memoria de 2010, la complejidad del marco normativo del sector eléctrico “es fruto en buena medida de la excesiva fragmentación de la regulación, lo que implica que la ordenación de una concreta materia se encuentre dispersa en una multitud de normas de diferentes rangos y procedencias”.

Por otro lado, reprocha el Consejo de Estado que se haya renunciado a incorporar al anteproyecto de Ley el contenido tanto de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, como del proyecto de Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, por lo que a criterio del Consejo de Estado se producen efectos indeseables asociados a la dispersión de normativas. Así, manifiesta el Consejo que ante la proliferación de Reales Decretos-Ley en el Sector Eléctrico, habría resultado preciso el análisis detenido de las previsiones contenidas en ellas, las cuales quedarán derogadas con la entrada en vigor de la ley que se propone estudiar por parte del Ministerio de Industria, en 4 días.

Le sorprende al Consejo de Estado, y así se lo manifiesta al Gobierno, que la disposición derogatoria del anteproyecto consagra la vigencia parcial de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, al excluir la derogación de varias de sus disposiciones adicionales. Desconociéndose el criterio que se ha seguido para trasladar al texto presentado, del contenido de unas disposiciones adicionales de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, y no de otras.

En otro orden de preocupaciones, cabe destacar que el Consejo de Estado manifiesta un especial interés por la mas que probable desincentivación de las inversiones, que podrían aparecer debido al constante cambio del régimen especial recogido en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por lo que sugiere el Consejo de Estado al Gobierno que aspìre a una mayor estabilidad de la regulación en este ámbito. A la vista de los acontecimientos vividos (y sufridos) en estos últimos días, el Gobierno ha hecho caso omiso a esta importante recomendacion.

Indica el Consejo de Estado que hay una desproporción entre la envergadura y la ambición del Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico, y la exposición de motivos que lo encabeza, resultando incompleta y carece de falta de capacidad de convicción que debe tener un documento de estas características por su magnitud social, económico y político.

También el Consejo de Estado duda de la existencia del denominado “Déficit de Tarifa” al exponer que “‘no hay un relato de antecedentes que aclare los orígenes del problema del desequilibrio financiero del sistema eléctrico, el cual destaque la insuficiencia de las medidas parciales hasta ahora adoptadas, y que ponga de manifiesto la necesidad de abordar una reforma global del sistema”‘. Tampoco no se exponen con rigor y tensión argumental sostenida los mecanismos en que consiste la reforma global que se quiere introducir en la normativa.

Ahora con el Proyecto de Ley del Sector Eléctrico ya aprobado en las Cortes Generales, podemos constatar que la mayoría de las manifestaciones de precaución expuestas por el Consejo de Estado, tampoco han sido tenidas en cuenta.

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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