Ahora que el derecho a la vivienda va a volver a estar en las prioridades de los partidos que gobiernen, es preciso recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 incluye el derecho universal a una vivienda, digna y adecuada. Artículo 25, apartado 1 y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), firmado por España en la ONU.

En nuestro país tener una vivienda siempre nos había parecido una obviedad, pero la especulación, propiciada y consentida por los poderes políticos, nos ha mostrado que no es así. Desahucios, personas sin techo, infraviviendas, pobreza energética, barrios chabolistas, pisos patera, inmigración… un sinfín de penurias que padecen las personas para las que el derecho universal a tener una vivienda digna parece no existir. La pobreza y el estar sin vivienda causa una muerte cada tres días en España.

Pero no sirve cualquier techo bajo el que cobijarse, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, este derecho no se limita a disponer de un rincón donde resguardarse. La vivienda debe de ser digna y adecuada para que las personas y las familias puedan vivir con seguridad, paz y dignidad. Además, debe de estar ubicada en un entorno con todos los servicios urbanísticos y de relación que les permita el pleno desarrollo personal, familiar y vecinal conforme a los niveles de una sociedad avanzada.

Pero no es sólo la ONU en sus declaraciones quien lo dice, la Constitución Española establece en su artículo 47 el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada, siendo los poderes públicos los responsables de promover las condiciones necesarias y de establecer las normas adecuadas para hacer efectivo este derecho. Esta obligación se traslada a las Comunidades Autónomas, que son las responsables de garantizar el acceso a una vivienda para todos los ciudadanos que las necesiten, en función de su renta. Además para asegurar este derecho deben promover y construir viviendas de protección oficial en régimen de venta o en alquiler, regulando, además, las normas técnicas que garanticen que éstas sean dignas y adecuadas. Todo lo contrario a las actuaciones de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, vendiendo viviendas sociales del IVIMA a fondos buitre para que hagan negocios, tanto su hijo, como el clan Pujol. Actuaciones que ya están en un juzgado de Madrid por delito social y malversación.

Además, y la ONU ya ha dado un par de toques de atención a España por este motivo, las personas deben de tener un cierto grado de seguridad jurídica que les garanticen el mantenimiento de la propiedad de su hogar frente a los desahucios, expropiaciones u otras amenazas. En este sentido la ONU mantiene que nuestro país no da las debidas seguridades jurídicas a los usuarios frente a los bancos.

Las viviendas deben proyectarse y construirse de manera que sean estables y seguras; la seguridad de las personas no debe ponerse en riesgo por fallos en la estructura incluso cuando se encuentran bajo la acción de incendios o terremotos. Y son las CC.AA. las encargadas de velar por estos aspectos. Así, el interior de la vivienda deben existir unas condiciones de confort adecuadas, protegiendo a sus moradores del frío, la humedad, la lluvia, el calor, el viento y los ruidos procedentes del exterior. Para ello deben contar con los adecuados sistemas de aislamiento térmico y acústico en sus fachadas, ventanas y tejados, y si estos no son suficientes para conseguir estas condiciones, deben de contar con sistemas de climatización para alcanzarlas, preferiblemente los alimentadas por energías renovables que no dañen el medio ambiente. El ministro Soria no comparte esta última parte y prefiere que las eléctricas sigan obteniendo pingües beneficios.

Las viviendas deben contar con los servicios necesarios para garantizar a sus moradores las debidas condiciones higiénicas y sanitarias. Para ello deben disponer de instalaciones de abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas residuales, suministro de energía eléctrica y de recogida de residuos sólidos, que no supongan un riesgo para la salud de las personas ni del entorno. Además, todas las viviendas deben de tener suficientes ventanas que permitan disponer de luz natural en todo su interior y poder ventilar las habitaciones para que el aire interior sea saludable. La vivienda digna y adecuada no puede estar próxima a lugares contaminados o que se encuentren en riesgo de sufrir inundaciones o derrumbes de montañas y en este sentido, muchos ayuntamientos debieran revisar las ubicaciones de muchas urbanizaciones, hechas de cualquier manera en los últimos años.