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El TJUE va amputando la larga mano de los bancos en España

Está pasando desapercibida para la mayoría de los españoles, pero el pasado día 5 de septiembre de 2014, el Consejo de Ministros aprobó una reforma en las ejecuciones hipotecarias esencial para la defensa de los ciudadanos. Y por supuesto que no ha sido merced ni al PP ni al PSOE, que se haya realizado este cambio, sino por imposición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que consideró esta normativa, vigente en España desde finales del siglo XIX, como contraria al derecho europeo. Es en concreto era una legislación tan increíble que hasta esa fecha las entidades bancarias podían recurrir a las audiencias provinciales si un juzgado sentenciaba en su contra, por tener sus contratos cláusulas abusivas, pero el deudor o deudora, no podía hacerlo.

Ese veto ha sido levantado por el Gobierno de Rajoy a escondidas, tal vez para no declarar que siguen trabajando por y para los bancos. Y ha sido tan escondida su resolución que hay millones de españoles que no se han enterado. El cambio se ocultó en las disposiciones final tercera y transitoria cuarta del Real Decreto-Ley 11/2014 de Medidas Urgentes en Materia Concursal, que publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 6 de septiembre, y que al lunes siguiente ya estaba en vigor.

La disposición final tercera hace referencia a que cabe recurso de apelación ante todos los autos judiciales que, en primera instancia, vayan en contra de unos y de otros, tanto los que ordenan el sobreseimiento de las ejecuciones o las inaplicaciones de una o varias cláusulas abusivas, que desestimen la oposición del deudor a su ejecución hipotecaria.

La reforma, como ya hemos comentado, se debe al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, en una sentencia de 17 de julio de 2014, y en respuesta a una pregunta de la Audiencia Provincial de Castellón, el Tribunal resolvió que la reforma hipotecaria española seguía siendo contraria al Derecho de la Unión y que no cabía que en un proceso de ejecución hipotecaria, el ejecutado no pudiese apelar si su recurso de oposición a la ejecución era desestimado, cuando el acreedor sí podía hacerlo.

La resolución es muy importante a la hora de poder recurrir para evitar lanzamientos y subastas, para que un tribunal examine la causa, y para que el proceso se paralice hasta que el tribunal decida. Una vez más es Europa la que acude a defender a los consumidores españoles inermes ante las grandes empresas y los bancos que mandan en este país. Pero no sólo Europa nos defiende frente a unos políticos inanes ante los consumidores, también sentencia tras sentencia, cada vez más juzgados españoles fallan contra lo abusivo de algunas cláusulas contractuales en todo tipo de productos financieros y frente a grandes empresas.

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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