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En la nueva ley vasca el derecho a la vivienda será exigible

La nueva ley vasca de vivienda se va a colocar en la vanguardia de la protección social entre la legislación del Estado. Y esta situación no se va a producir por el buen hacer del Gobierno vasco, sino de la oposición.

Lo más importante del texto de esa ley es que recoge el mandato de la Constitución, de manera que en el País Vasco el derecho a una vivienda será exigible por ley. Contrasta esta situación con la que impera en el resto del Estado y en las autonomías gobernadas por el PP, en las que se habla mucho de la Constitución, sobre todo al hablar de País vasco y Cataluña, pero no se respeta. La proposición de ley fue presentada por el PSE y recoge lo fundamental del proyecto de ley elaborado la pasada legislatura por el Gobierno de Patxi López, que decayó al agotarse su mandato.

La Ley vasca de Vivienda reconocerá el carácter subjetivo del derecho a la vivienda, es decir, garantizado por ley y susceptible de reclamarse ante los tribunales y permitirá a la Administración expropiar temporalmente las viviendas a los bancos para evitar el desahucio de sus inquilinos, además, el 80% de la vivienda pública que se construya en Euskadi deberá destinarse al alquiler.

Si todos los grupos presentes en el Parlamento vasco mantienen sus posturas, el texto será aprobado, ya que socialistas, abertzales y UPyD suman 38 parlamentarios, frente a los 37 de PNV y PP, que lo rechazan. El proyecto contempla diversos aspectos muy novedosos, entre ellos un canon a los pisos que estén vacíos durante más de dos años y la posibilidad de decretar el alquiler obligatorio de las viviendas sin ocupar. Además, se establece que a las personas con unos ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no se les podrá exigir que paguen por un alquiler más de un 15% de su renta disponible. Esta cifra, para el resto de colectivos sociales reconocidos en la ley, se elevaría a un 30%.

El texto acordado determina que a partir del quinto año desde la entrada en vigor de la norma, el 80% de la vivienda pública que se construya en Euskadi deberá estar destinada al alquiler. Una vez transcurridos esos cinco años, todos las viviendas públicas que se creen deberán ser para alquiler.

La aprobación definitiva de este documento está pendiente de votación por parte del pleno de la Cámara –no se debatirá hasta después de las elecciones del 24 de mayo–. El texto cuenta con el respaldo de PSE, EH Bildu y UPyD, aunque es rechazado por PP y PNV.

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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