Los fraudes a los consumidores les salen muy baratos a las grandes empresas en nuestro país. Por eso, FACUA-Consumidores en Acción, reclama un desarrollo legal que recoja el derecho de los consumidores a indemnizaciones por fraude. Es otra de las reivindicaciones de la asociación a las formaciones que concurren a las Elecciones Generales del 20 de diciembre. Los bancos, las eléctricas y las empresas de telefonía son los grandes beneficiados por estos fraudes masivos y su falta de regulación.

Así, la asociación pide que se regule el derecho de los consumidores a ser indemnizados cuando sean objeto de irregularidades en la contratación, facturación o características de productos y servicios. Se trata de desarrollar lo establecido en el artículo 48 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y desarrollar el reconocimiento de la reparación del daño y la indemnización por los perjuicios causados.

De la misma manera, si un consumidor recibe una factura con el cobro de una cantidad incorrecta y presentara reclamación contra la misma, la compañía tendría que anular el cargo excesivo procediendo a emitir una nueva factura sin el mismo hasta que el caso sea resuelto de forma definitiva. Si la resolución fuera favorable al cliente, la compañía tendría que abonarle una compensación económica.

La norma de desarrollo también debería establecer que si el usuario es objeto del alta en una compañía o una modificación de los servicios contratados sin su consentimiento, la empresa que haya cometido la irregularidad no podría cobrarle cantidad alguna y procedería a abonarle una compensación. Esto es algo que las empresas de telefonía hacen de forma habitual, con Movistar a la cabeza.

Igualmente, si un producto o servicio no reúne los requisitos ofertados en su información comercial, publicidad o condiciones contractuales, la empresa no sólo tendría que asumir sus obligaciones con las modificaciones que correspondan o la devolución de la totalidad o parte del importe abonado, sino que abonaría una indemnización al consumidor proporcional a su precio y al perjuicio causado. Es una manera más de combatir el fraude y que no produzca tantos beneficios a las empresas.

Asimismo, la asociación considera necesario abordar una regulación que permita el acceso de los usuarios a procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos que sean gratuitos, independientes y con capacidad de resolución, es decir, vinculantes para las empresas. Se trata de mecanismos que mejoren sustancialmente los existentes en la actualidad.

FACUA advierte de que deben suprimirse las barreras que los consumidores pueden encontrar para ejercer y defender sus derechos, debe evitarse la judicialización de los abusos cometidos contra los consumidores que lo sitúan en una posición de desequilibrio -sobre todo desde el paso de Gallardón por Justicia- debido al elevado coste de la asistencia jurídica, la duración y la complejidad de los procedimientos judiciales, especialmente en el caso de conflictos transfronterizos, y promoverse los procedimientos extrajudiciales de solución de litigios como la mediación, la conciliación o el arbitraje.