El Gobierno y las comunidades autónomas siguen sin tomar medidas ante el macrofraude del grupo Volkswagen, en una clara dejación de sus obligaciones. Todo ello pese a las denuncias presentadas por el equipo jurídico de FACUA ante los distintos organismos con competencias, para abrir una investigación sobre las irregularidades, multar a sus filiales en España y emprender actuaciones para requerirles que compensen económicamente a los afectados.

FACUA ha entablado contacto con Volkswagen, en sus sedes de España y Alemania, con la finalidad de abrir una vía de interlocución bilateral que permitiera canalizar directamente las reclamaciones y reivindicaciones de sus asociados. Su equipo jurídico ha mantenido una reunión con el despacho de abogados de VW, que no ha sido satisfactoria, al no haber aceptado hasta la fecha, ninguna de las cuestiones planteadas.

Por todo ello, FACUA está estudiando la vía judicial en defensa de los derechos e intereses generales de los consumidores pero también está estudiando poner en marcha otras vías de presión.

La experiencia de estos años, en otros casos de fraudes masivos, es que la vía judicial deviene en procesos largos, lentos y complejos, dada la envergadura de asuntos como éste, con miles de afectados. Y aunque no descarta acudir a los tribunales también está estudiando otras actuaciones reivindicativas y de presión social.

Considera FACUA que si hubiese una implicación y un compromiso de las autoridades competentes, con la suficiente presión hacia Volkswagen, podría no ser precisa la judicialización de este caso que entraña dificultades para el ejercicio de acciones judiciales colectivas. Entre las razones de estas dificultades, la asociación de consumidores cita las siguientes: la coexistencia de multitud de concesionarios vendedores y fabricante, el amplio parque de vehículos afectados con distintas antigüedades y cobertura o no de garantías, la opacidad sobre la manipulación operada en los vehículos y la falta de colaboración de las autoridades en suministrar información técnica relevante al caso.

Acaba de salir a la luz que, en EEUU, gracias a la presión de sus autoridades y de los consumidores, Volkswagen podría pagar hasta 5.000 dólares (4.422 euros al cambio actual) por vehículo. Además de la reparación o como alternativa a la reparación gratuita (tal y como sucede en el resto del mundo), ofrecerá a los propietarios de los 482.000 vehículos diésel equipados con motor de 2 litros la posibilidad de revender el vehículo al fabricante. Sin embargo, Volkswagen descarta en Europa de momento cualquier tipo de compensación o indemnización. ¿Qué papel genuflexo están jugando las autoridades comunitarias? ¿Llega la larga mano de Merkel a toda Europa, sus Gobiernos e instituciones?

Junto con el estudio y análisis de las posibles vías judiciales y el coste que estas podrían representar, FACUA también está evaluando otras medidas de presión social que pudieran favorecer soluciones negociadas con Volkswagen encaminadas a conseguir una compensación económica para los afectados junto con la reparación y la garantía de que no se verán afectadas otras prestaciones de los vehículos. Medidas que serían las siguientes:

Colocación de carteles en los vehículos afectados a modo de contrapublicidad de la marca con eslóganes reivindicativos.
Concentraciones y manifestaciones de afectados, con sus vehículos, coordinadas por FACUA. Actos que tendrían lugar alrededor de los concesionarios o frente a las sedes de las administraciones competentes del Gobierno y las comunidades autónomas.