Después de varios meses de proceso y avisos, la Junta de Andalucía ha decidido sancionar con 120.000 euros a la Sareb por no poner las viviendas sociales a disposición de las familias. Y esto es así porque la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, (Sareb) ha hecho caso omiso a las peticiones de la Junta de Andalucía, que dispone que las viviendas protegidas deben estar a disposición de las familias que las necesitan y más en tiempos de crisis. Según opina la Junta, las VPO tienen una función social sea quien sea su propietario, aunque sea la Sareb.

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que dirige Elena Cortés, ha sancionado con 120.000 euros a la Sareb por obstruir las medidas de la administración andaluza tendentes a garantizar la función social de sus viviendas protegidas. Se trata de la primera sanción económica que impone esta consejería en aplicación de la Ley de Medidas de Función Social de la Vivienda, conocida popularmente como ‘Ley antidesahucios’. Esta Ley establece la obligación de que las entidades financieras aporten a la administración pública inventario de las viviendas protegidas que se encuentren en sus balances.

El departamento de Elena Cortés (IULV-CA) afirma que la Sareb afirmó, en sus alegaciones previas a la resolución que impone la multa, que no posee 911 VPO en Andalucía, como señaló anteriormente en un informe incluido en el recurso del Gobierno central contra la Ley de Función Social de la Vivienda, sino tan sólo 98. Fomento asegura que la entidad financiera se expone por estas 98 viviendas, en un segundo procedimiento sancionador que sigue su curso, a una multa de 11,7 millones de euros, en el caso de que no hayan sido puestas a disposición de los registros municipales de demandantes de Andalucía.

La consejera de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha defendido que todas las viviendas protegidas, sea quien sea su titular, deben ponerse a disposición de las familias que las necesitan y las demandan a través de los registros municipales. Lo contrario es intentar estar por encima de la Ley. También considera Cortés de extrema gravedad, que la propia Sareb haya confirmado en una notificación a la Junta, que los datos con los que el Gobierno fundamentó su recurso contra la ley andaluza antidesahucios eran totalmente falsos. El Gobierno de Rajoy recurrió la Ley andaluza, que actualmente está parcialmente suspendida de forma cautelar a la espera de sentencia, argumentando que dañaba los intereses de la Sareb en función de un número de viviendas diez veces superior al real. Es decir, el Gobierno del PP no sólo engaña a la ciudadanía todos los días, sino que también engañó al Constitucional para forzar la suspensión cautelar de la Ley.

Desde su creación con dinero público en 2012, la Sareb se ha centrado en la venta de los inmuebles de su cartera, dando negocio a inversores y fondos buitre, pero no ha puesto especial énfasis en su compromiso social. De hecho, pese a afirmar de forma constante que negocia con las comunidades autónomas para cederles pisos que puedan destinar a alquileres para familias con dificultades económicas, de momento sólo ha cerrado un acuerdo con la Generalitat de Cataluña para cederle 600 pisos; fue en julio pasado y muy presionada por las ocupaciones que están realizando las PAHs catalanas.