FACUA-Consumidores en Acción asegura que, la publicitada por el Partido Popular Ley de segunda oportunidad, en lugar de ayudar a que más personas puedan evitar perder su vivienda habitual por una deuda hipotecaria imposible de afrontar es, en realidad, más restrictiva para los usuarios que desean acceder a las medidas de reestructuración de la deuda hipotecaria. La nueva ley del PP, que parece un nuevo bla, bla, bla, ha sido aprobada como Real Decreto y está actualmente en tramitación en el Congreso como Proyecto de Ley.

Para la asociación de consumidores, la supuesta gran medida del Gobierno de Rajoy para evitar el drama de los desahucios a miles de familias españolas, impone unas condiciones que, comparadas con las anteriores y que esta nueva ley sustituye, son aún más difíciles de cumplir.

La nueva norma- Ley de Segunda Oportunidad- impulsada por el Partido Popular cambia los requisitos que hasta ahora se exigían para poder reestructurar la deuda hipotecaria y modifica también el baremo referido al precio de adquisición de la vivienda. FACUA-Consumidores en Acción critica que este cambio supone que haya menos viviendas que puedan acceder a las medidas propuestas por el Gobierno, que dice querer ayudar a las familias en peligro de perder su vivienda por la deuda hipotecaria. Facua asegura que usando los nuevos criterios, las viviendas más humildes quedan fuera.

El proyecto de ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social modifica, entre otros, el artículo 5 del Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Para poder acceder a las medidas de reestructuración de deuda, el nuevo artículo 5 remite al índice de precios de la vivienda elaborado por el Ministerio de Fomento para el año de adquisición del inmueble, un indicador elaborado por provincias, sin distinguir por municipios. Esto hace que se igualen precios de municipios con una enorme disparidad de precios por metro cuadrado entre ellos y en consecuencia se perjudique a las viviendas de menor valor.

Para poder tener constancia clara de las implicaciones y funcionamiento de la nueva normativa, FACUA ha elaborado un estudio comparativo en la provincia de Málaga según los requisitos de la norma indicados en el artículo 5. Se ha llevado a cabo la simulación tomando todos los precios publicados por el Ministerio de Fomento desde el año 1995 y aplicando el 20% que establece la norma para calcular el límite, considerando el límite absoluto de 300.000 euros en los supuestos que lo superaba. Además, se ha tenido en cuenta viviendas tipo de 60, 90 y 120 metros cuadrados construidos. El resultado ha sido decepcionante para las expectativas levantadas.

Tras la realización de esta simulación FACUA concluye que las viviendas pequeñas son las más perjudicadas, mientras que las más favorecidas son las de mayor superficie. La asociación considera lamentable que una norma anunciada por el Gobierno como de alivio para las personas que peor están viviendo la crisis no beneficie directamente a este colectivo que son, con seguridad, los que disponen de las viviendas más humildes.

Otra de las cuestiones que critica la asociación es que el nuevo tope de precios establecido en la norma no considera, tampoco, que la mayor parte de las hipotecas que podrían acogerse a la medida fueron firmadas en pleno proceso de burbuja inmobiliaria, en un momento en el que los precios eran establecidos por un mercado controlado por la banca, y estaban muy elevados de forma artificial. Tampoco tiene en cuenta el número de personas que habita en la vivienda.

Igualmente, se ponen trabas a la eliminación de la cláusula suelo y sólo la contempla para las personas que se encuentren en el umbral de exclusión. Todo ello a pesar de que ya existe una sentencia del Tribunal Supremo que indica su nulidad siempre que haya falta de transparencia. Y esta falta de transparencia es algo que ocurre en la inmensa mayoría de los casos, dado que la aceptación de dicha cláusula no suele ser negociable, sino impuesta por el banco para la concesión de la hipoteca.