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La ONU considera que España violó el derecho a la vivienda

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (ONU) considera que España ha violado el derecho a la vivienda de una mujer, cuyo hogar fue objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria. La ejecución se debió a la falta de pago de parte del préstamo.

Este comité pide a España que proporcione una reparación efectiva de los daños causados y que la legislación que regula los procedimientos de ejecución hipotecaria y su aplicación se cambie para que «sea conforme» con las obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que España es país signatario.

La decisión es el primer dictamen adoptado por el Comité en un caso individual presentado bajo el Protocolo Facultativo del citado Pacto, que entró en vigor el 5 de mayo de 2013. Tras estudiar el caso presentado, el Comité ha concluido que España violó el artículo 11.1 del Pacto, dado que el juzgado «no tomó todas las medidas razonables» para notificar adecuadamente a I.D.G. la demanda de ejecución hipotecaria presentada contra ella por la entidad bancaria. Como consecuencia de esta actuación irregular, se le privó de la posibilidad de defender adecuadamente su derecho a la vivienda ante un tribunal.

Por esta razón, la ONU insta a España a adoptar medidas legislativas que garanticen que el procedimiento de ejecución hipotecaria y las normas procesales, establezcan requisitos y procedimientos adecuados a seguir antes de que se proceda a una subasta de una vivienda o a un desalojo, en observancia de los derechos reconocidos en el Pacto. Según la ONU, en los procedimientos de ejecución hipotecaria la notificación por edicto «debe limitarse estrictamente a situaciones en que se han agotado todos los medios para practicar una notificación personal», y debe asegurarse la suficiente publicidad y plazo. De esta forma, se garantiza que la persona afectada tiene pleno conocimiento del inicio del procedimiento y se le ofrece la posibilidad de personarse en el mismo.

I.D.G. adquirió una vivienda en junio de 2007 mediante un préstamo bancario con garantía hipotecaria. Ante la falta de pago de varias cuotas del préstamo, la entidad bancaria liquidó el préstamo e inició un procedimiento especial de ejecución de bienes hipotecados ante un juzgado de Madrid. Sin embargo, I.D.G. sólo tuvo conocimiento del procedimiento varios meses después, cuando el notificador dejó un aviso en su vivienda para que recogiera la orden judicial de subasta.

De acuerdo a la información proporcionada por ambas partes al Comité de la ONU, personal del juzgado se presentó en cuatro ocasiones en el domicilio de mujer para notificarle la demanda e inicio del proceso, pero al no encontrarse en ella la notificación no pudo hacerse efectiva. El juzgado publicó entonces un edicto en su tablón de anuncios,pretendiendo dar así por cumplida la diligencia de notificación de la demanda e inicio del procedimiento. Varios meses después el juez ordenó convocar la subasta de la vivienda, pero esta orden tampoco fue notificada personalmente a I.D.G. por idéntico motivo, estar ausente del domicilio. No obstante, en esta segunda ocasión, el notificador dejó un aviso para que ella pudiera recoger la orden del juzgado, lo que sucedió el 4 de abril de 2013. Frente al Comité I.D.G. alegó que sólo en esta fecha ella tuvo conocimiento del procedimiento de ejecución de bienes hipotecados y que, ante la falta de una notificación efectiva de la demanda e inicio del procedimiento, no había tenido la posibilidad de defender sus derechos.

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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