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La venta de viviendas sociales llevará a González ante los tribunales

Los negocios que los fondos buitre están haciendo en España a costa de la venta de viviendas sociales amenazan con costar más de un disgusto a los dirigentes del Partido Popular. Dirigentes del PP, sobre todo de Madrid, que pensaron que vender esas viviendas de los más desfavorecidos era una buena forma de hacer caja. En concreto está sucediendo con la venta de 3.000 viviendas de protección oficial del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), que en agosto alivió algo las arcas regionales. Pero ese alivio momentáneo amenaza con traerle al Gobierno de Ignacio González más problemas en los tribunales que los euros que supuso. el único beneficiado va a ser el fondo buitre que compró las viviendas sociales y que espera hacer un buen negocio. Eso sí, con el apoyo de los mandatarios de la Comunidad de Madrid.

Las mentiras del Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid han terminado por aparecer. Y ha sido así porque en noviembre pasado, cuando se realizó la venta a Goldman Sachs,el consejero de Vivienda, Pablo Cavero, trató en noviembre de tranquilizar/mintiendo a los inquilinos, al afirmar que se mantendría el precio del alquiler. Unos meses después, con la operación ya realizada, ha tenido que salir a matizar sus palabras y descubrir sus mentiras, cuando ha señalado que las condiciones “se mantendrán durante el tiempo establecido” en el contrato. es decir, a su vencimiento estas personas quedarán en manos de los fondos buitre que harán con las viviendas su libre albedrío, que ya sabemos cuál es. Muy lejos del propósito social con el que se construyeron las viviendas con dinero público. El Consejero de la Comunidad de Madrid, Cavero ha querido disfrazar la realidad diciendo que se ha creado “un clima de seguridad jurídica, respetando la libertad de los propietarios a utilizarlos como deseen”.

Ya durante el mismo mes de noviembre la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) interpusieron un recurso ante lo que calificaron como un desmantelamiento y expolio de la vivienda pública. Y ahora ha sido el PSOE quien ha optado por acudir a los tribunales. Pero esta vez, por la vía penal, al considerar que la Comunidad está cometiendo un delito de malversación de fondos y otro de prevaricación.

Según el PSOE los inquilinos para los que empiezan a vencer las opciones de compra han comenzado a sufrir mobbing por parte de los nuevos propietarios de las viviendas, el fondo buitre. Según los socialistas, sólo plantean dos opciones a los alquilados “O compras o a la calle”. El negocio es redondo. Mientras el fondo de inversión Goldman Sachs-Azora adquirió las viviendas por una media de 63.000 euros cada uno -201 millones en total-, el precio para sus actuales moradores (que tienen un alquiler con opción a compra) no ha variado: oscila entre los 150.000 y los 170.000 euros. Las viviendas se construyeron con dinero público y como tal no se pueden vender a un fondo privado que va a hacer negocio con ellas. Es ilegal y por eso la prevaricación. La cuestión estriba en saber si hay más beneficiarios en la operación que el fondo buitre.

Esta situación se está dando ya en urbanizaciones de La Ventilla y el PAU de Vallecas. En Villalba y Torrejón de Ardoz se están dando las primeras muestras de otra problemática. El decreto 226/1998, actualizado el 22 de julio de 2013, apenas unos días antes de la venta, intenta proteger a las “personas y familias más necesitadas” con una reducción en el alquiler durante un máximo de dos años, pero con posibilidad de prórroga si las condiciones se mantienen. No obstante, uno de los requisitos es ser ya inquilino de una vivienda del Ivima. Algo que ahora no ocurre con las 2.935 casas vendidas a lo que desde la PAH denominan “fondos buitre”.

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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