“Detrás de cada puerta hay una historia”, dice la última campaña de Amnistía Internacional, que exige al Gobierno que no despoje a las personas de sus casas y por tanto de buena parte de su vida. Que el desalojo sea la última opción y que se prioricen soluciones que permitan a las personas permanecer en sus casas. Que no les dejen caer, que la vida está en riesgo si eso ocurre. Y es que en España, entre 2008 y el primer trimestre de 2015, se iniciaron 598.747 procesos de ejecución hipotecaria.

La crisis en nuestro país, acompañada del mandato del Partido Popular, ha dejado imágenes sobre personas desalojadas y expulsadas de sus casas lo suficientemente grotescas para avergonzar a cualquier dirigente de un país desarrollado. No puede olvidarse la cara de Carmen, aquella anciana de 85 años desahuciada por avalar un préstamo de su hijo, o la de aquellos padres que vieron cómo sus dos niños de 6 y 4 años y el bebé de 21 días eran expulsados mientras los antidisturbios entraban rompiendo los cristales. Toda esta violencia amparada por las leyes que Gobiernos del Partido Popular y el PSOE han impulsado para beneficiar a los bancos por delante de las personas. Estas leyes son para Amnistía Internacional el inicio de la tragedia.

Las secuencias que han dejado los desahucios son ya parte de la vida real de nuestro país para centenares de miles de personas. La emergencia social a la que se enfrenta España y la inhumana forma de afrontarla que estamos teniendo, nos define como sociedad.

En lugar de hacer frente a esta alarma con medidas valientes que prioricen los problemas de los más desfavorecidos, las autoridades de Cataluña y, sobre todo, Madrid, con Botella al frente, han ido a lo fácil, a cargar contra el más débil, contra el que no se puede defender y han decidido hacer caja vendiendo las viviendas sociales y no a cualquiera, sino a fondos buitre. Esta ha sido la respuesta de los dirigentes del Partido Popular que han despreciado así la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso al derecho a la vivienda de las personas, especialmente de las que están en situación de mayor vulnerabilidad. Y esta situación la han protagonizado en un país que cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea, un 1,1%, sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), o Reino Unido (18%).

La situación de España en cuanto a la vivienda y el derecho a disponer de ella es bastante atípico, no sólo por las cuestiones que denuncia Amnistía Internacional y por la «labor» de nuestros gobernantes; sino por la existencia de una serie de datos concretos. Entre ellos que el 30% de las viviendas vacías de Europa se encuentra en España, con un total de 3,44 millones. Y también que la SAREB (Sociedad de Gestión de Archivos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, también conocida como “banco malo”), creada en 2012, tiene en su propiedad 80.000 viviendas. Frente a estos datos de la economía general, hay que destacar los de la situación social: cada 15 minutos se produce un desahucio, es decir, 115 familias cada día pierden su casa por no pagar la hipoteca.

Se trata de establecer prioridades, de contentar a las entidades bancarias -que por cierto se sientan en los consejos de administración de los grandes medios que enmudecen ante la emergencia- o de poner en el eje de las políticas a las personas, como exige Amnistía Internacional. No cabe enarbolar ninguna bandera, por grande que se muestre, que no sea esa.

Madrid y Cataluña llevaron a cabo 6.673 lanzamientos hipotecarios en el primer trimestre de 2015. Ahora, las alcaldesas de sus capitales estrenan mandato poniendo el cuerpo para parar un desahucio, negociando con los presidentes de las entidades bancarias más feroces a la hora de echar a gente de sus casas o recibiendo su compromiso de que no se va a desahuciar a más familias “vulnerables».