En España tenemos censadas 38 millones de viviendas, bien controladas y con valor efectivo. Por ello los expertos encargados por hacienda de un estudio sobre la reforma fiscal para poder ingresar más dinero han puesto sus ojos recaudatorios en ella.

Estos sabios del PP consideran, por un lado, que resulta conveniente reducir progresivamente la deducción por la inversión para reducir el coste fiscal para Hacienda, aunque las viviendas se adquirieran con la previsión de unos determinados beneficios fiscales. La idea es establecer un plazo, de unos 10 años, para poder aplicarse esta deducción, aún cuando hay hipotecas todavía con 30 años de vida. Es decir, el contribuyente debería concentrar en esos 10 años la masa deducible, con los límites actuales sobre cuota, independientemente de si puede adelantar la devolución al banco en ese plazo o si sigue con la hipoteca hasta el total de su vida. Afanes recaudatorios por encima de los intereses de los propietarios.

Por otra parte, y prosiguiendo con sus objetivos recaudatorios, estos expertos también sugieren determinar una renta presunta a la vivienda habitual, ahora sólo se aplica a la segunda y otras más, renta que estaría en el entorno del 1,1% del valor catastral o valor escriturado.

Este rendimiento no se integraría en la Base Imponible general como sucede hasta ahora con una tributación que puede llegar hasta el 52% en las rentas más elevadas), sino que se imputaría a la tarifa del ahorro, para la que los expertos demandan un tipo único en el entorno del 20% cuando ahora la tarifa es progresiva y llega hasta el 27% según los rendimientos. El Gobierno no parece muy sensible a estos dos cambios recaudatorios por el alto coste político de estas medidas y por haber pasado ya el ecuador de su legislatura y comenzar diversos procesos electorales.

Otros dos cambios, claramente recaudatorios, que piden los sabios es la vuelta a la tributación de las plusvalías a la tarifa de ese tipo único independientemente del periodo de su generación. Es decir, sugieren que las ganancias y pérdidas patrimoniales conseguidas en un mismo año, por ejemplo la venta de acciones o de un piso adquirido en el mismo ejercicio, no tributen al tipo marginal máximo (de hasta el 52%) como estableció el PP en 2013 sino a ese 20% de tarifa con tipo único.

También demandan el establecimiento de un tipo de entre el 4 y el 10% para el Impuesto de Sucesiones, cedidos a las autonomías, según el grado de parentesco familiar en las herencias. Y aconsejan la supresión del Impuesto de Patrimonio.

Con estas medidas fiscales los afanes recaudatorios de Hacienda se centrarían en las personas de la clase media española, lo que asusta al gobierno pepero que tiene en ellos a sus principales votantes. Las clases más ricas volverían a ser las claras beneficiarias de estas medidas. Entonces la pregunta es ¿quién paga a estos sabios?