El desvergonzado plan de Ana Botella para hacer caja vendiendo las viviendas sociales de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) está encontrándose con la realidad de los tribunales. Y es que parece que no es tan fácil despojar a los más desfavorecidos para que los fondos buitre y las promotoras hagan negocio a su costa.

Ya son seis las sentencias judiciales que dan la razón a los inquilinos que se han enfrentado en los juzgados a la EMVS y su intención de desalojarlos de las casas en las que llevan viviendo muchos años. Los vecinos se han agrupado en la asociación «Yo no me voy» y se niegan a cambiar sus contratos vigentes.

Porque éste es el repugnante plan de Botella y del Ayuntamiento de Madrid, cambiar los contratos que tienen vigentes para insertar unas cláusulas menos ventajosas para los vecinos y con una duración máxima de tres años. De esta forma sería mucho más fácil vender estas viviendas a los fondos y promotoras que revolotean como bandada de aves carroñeras por los despachos del ayuntamiento de Botella.

La asociación «Yo no me voy», que agrupa ya a 185 familias de 14 bloques de la capital, se ha negado a cambiar su contrato vigente, que es indefinido, por otro, con unas condiciones tales, que les pondrían en la calle en tres años. La asociación se creó en 2013, primero como plataforma de defensa y luego como asociación vecinal. Su motivo fue defenderse de las intenciones de la alcaldesa de Madrid de vender cinco inmuebles a Renta Corporación, inmobiliaria vinculada con el marido de María Dolores de Cospedal. La operación que la alcaldesa planteaba tuvo que abortarse por la polémica suscitada.

La última sentencia que ha recibido el Gobierno de Ana Botella ha sido de la Audiencia Provincial de Madrid, que da la razón a una inquilina octogenaria, que vive sola y esta delicada de salud, a la que se había ordenado desalojar su vivienda en Puerta Cerrada por negarse a cambiar el contrato. Esta situación demuestra muy a las claras quién gobierna en Madrid.

«Yo no me voy» presentó el 2013 una querella contra Ana Botella, el Ayuntamiento de Madrid y la EMVS por mobbing contra los inquilinos de los bloques sociales ya que les obligan a comprar o a irse. La querella no fue aceptada, pero el calvario de sentencias contra Ana Botella parece que les está dando la razón.