Desde que el mes de marzo del pasado año diera comienzo el estado de alarma, con el confinamiento y las conocidas consecuencias sobre la economía, el Gobierno promulgó y puso en marcha una serie de medidas de protección, entre las que se aseguró una suspensión de los desahucios. Pero nada más lejos de la realidad. El Consejo General del Poder Judicial ha asegurado que el pasado año se dio curso a 29.406 desahucios, de los cuales 6.915 fueron derivados de ejecución hipotecaria, 21.145 por impagos de alquileres y 1.346 por otras causas.
Para ir dándonos cuenta del panorama para este año hay que mirar las peticiones de ejecución hipotecaria y si el dato total es engañoso podemos diseccionarlo para tener una mejor perspectiva. Y es que como decía Pío Baroja, que tenía un amigo que se había ahogado en un río con una profundidad media de 20 cms, «las estadísticas son engañosas».
Aunque camuflados entre el total de ejecuciones hipotecarias los datos del pasado año son muy preocupantes. Según el Instituto Nacional de Estadística se iniciaron 9.407 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de particulares, lo que supone nada menos que un 27,4% más que durante el año 2019 y un cambio de tendencia, ya que las ejecuciones hipotecarias no aumentaban desde el 2014. Además, las ejecuciones sobre la residencia habitual crecieron un 37,4% el año pasado, mientras que aquellas que son en segundas residencias lo hicieron solo un 0,9%.
Para continuar incrementando la preocupación es preciso tener en cuenta que algo más del 40% de estas ejecuciones se produjeron en el último trimestre del año, lo que parece indicarnos que este primer trimestre los datos seguirán creciendo.
Y si decíamos que los datos de las ejecuciones hipotecarias del 2020 son algo engañosos es porque el total de estas ejecuciones, muchas de las cuales terminarán en desahucio, fue de 34.750, con un descenso total del 38,8%, incluyéndose en esta cifra las que afectaron también a las personas jurídicas que son las que han tenido una mayor caída. La razón puede encontrarse en que las medidas de ayuda organizadas por el Gobierno están beneficiando más a las empresas que a las familias.
El problema está en que la crisis continúa su marcha, demoliendo aún más la ya debilitada estructura económica de nuestro país. Y para cerciorarse del problema que se nos avecina basta con fijarse en los datos del empleo y los ERTEs, que nos han llegado al inicio de marzo. La gran cifra, esa que saltó a los titulares, es que el paro sube en febrero en 44.436 personas, alcanzándose ya las 4.008.789 personas demandantes de empleo. Hay que añadir que los trabajadores en ERTE ya llegan casi al millón. Los sectores que más han recurrido a esta medida han sido el financiero, telecomunicaciones, el turístico y la hostelería, como reflejan los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Febrero, con la tercera ola desencadenada, ha visto cómo 160.000 personas se sumaban a las filas del ERTE, con especial incidencia en el turismo y la hostelería.
En tan solo un año nuestro mercado laboral ha perdido 400.117 trabajadores, 289.055 en el sector de la Hostelería. Todas las comunidades autónomas han visto caer los afiliados en la Seguridad Social en el último año salvo Murcia (0,21%). Y las comunidades más dependientes del turismo son las que arrojan mayores desplomes: Baleares (-6,44%) y Canarias (-6,08%).
Alarmante es también que están descendiendo los salarios, que han sufrido su mayor caída en 50 años, perjudicando sobre todo las economías más dependientes del turismo, como son Baleares y Canarias, que sufren ya descensos del 13%.
Y la triste realidad es que una vez que concluya la moratoria de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTEs) el 31 de mayo, más de la mitad de las empresas que han solicitado este procedimiento tendrán que cerrar o se verán abocadas a realizar severos ajustes de personal mediante EREs. ¿Y entonces qué pasará con ese casi millón de trabajadores que continúan estando en la categoría de ocupados? La mayor parte de los expertos consideran que en gran medida pasarán a engrosar las cifras de parados.
La situación se cebará sobre todo en la pequeñas empresas y autónomos, entre los que según los datos de ATA, casi 300.000 del millón y medio de autónomos que operan en España tendrán que cerrar, causando un daño incalculable al tejido económico.
La primavera no va a ser buena incluso si conseguimos evitar la cuarta ola, lo que aún está por ver; vamos a contemplar la desactivación de parte del colchón, como son la moratoria de alquileres o de las quiebras y ello puede provocar un nuevo alud de cierres. Para tener idea de lo que este colchón ha significado es preciso observar que en el 2008, por cada punto de caída del PIB sufríamos 1,7 puntos de caída en el empleo y que en esta crisis sanitario-económica que estamos viviendo la caída es 10 veces menor. Es decir, cada punto de caída del PIB ha supuesto tan sólo una caída de 0,17 puntos en el empleo.
Está claro que la forma de actuar frente a la recesión ha sido muy diferente, protegiendo ahora tanto a las personas como a las empresas, sobre todo a las pymes y autónomo, para los que el ERTE ha sido un balón de oxígeno. Por desgracia tan sólo retrasa el desenlace del problema y poco puede ayudar a resolverlo.
En todo caso la situación aún va a empeorar más este año con una estimación del paro que nos lleva a años anteriores, tanto para el 2021 como para el 2022.
| Estimación Paro | 2016 | 2017 | 2018 | 2019. | 2020 | 2021 | 2022 |
| España (EPA) | 18,6 | 16,6 | 14,5 | 13,8 | 16,2 | 17,8 | 16,2 |
El empeoramiento de las condiciones económicas de la población en general y las trampas que ha hecho el Tribunal Supremo a favor de la banca, aun contraviniendo los dictámenes del TJUE como es el caso de la cláusula de vencimiento anticipado, en donde aplica, “con efectos retroactivos” la vigente ley de crédito inmobiliario, van a conseguir un incremento importante de los desahucios si no se ponen medidas para evitarlos. Y el problema es que no partimos de una buena situación, con un mercado de la vivienda dominado por su consideración como bien de inversión y rentabilidades altas.
En estos momentos en nuestro país hay más de 32.000 personas sin hogar, 12 millones en riesgo de exclusión social por la crisis económica en la que estamos metidos y hemos sufrido algo más de un millón de desahucios entre 2008 y el 3º Trimestre del 2020.
Hay que añadir que el 36,1% de la población destina más del 40% de sus ingresos al pago de vivienda y suministros básicos, cuando no debería superar el 30%. Además, solamente el 18,5% de los españoles entre 18 y 29 años vive de forma independiente, cifra que está disminuyendo, porque 228.600 personas de 16 a 35 años volvieron a vivir con sus padres a lo largo del año pasado por la crisis económica y las dificultades para acceder y mantener una vivienda estable.
Mientras los datos se recrudecen hay que añadir que en nuestro país hay más de 3,4 millones de viviendas vacías, muchas de ellas en manos de grandes tenedores y que el Parque de Vivienda Pública y Social es entre 7 y 10 veces menor que el de otros países desarrollados de Europa. También que desde el inicio de la anterior crisis podrían haberse producido más de 10.000 suicidios por desahucio.
PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo para que en la futura Ley de Vivienda, que se espera lleven al Consejo de Ministros este mes, se incorpore una cláusula para evitar los desahucios. En principio tan sólo será de aplicación a familias vulnerables y sin alternativa habitacional, de forma muy similar a lo planteado por el Ejecutivo durante el estado de alarma a través del conocido como decreto antidesahucios.
Pero tal vez y en la excepcional situación que vamos a vivir en los próximos dos o tres años, estas medidas no sean suficientes para evitar que la crisis sanitaria y económica se transforme en otra crisis de los desahucios. Tal vez la vía sea evitar que el interés económico prime sobre la protección de las familias y el derecho a la vivienda. Tal vez haga falta una mayor amplitud de miras por parte de toda la sociedad.
Eduardo Lizarraga
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