El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha anunciado que tiene previsto llevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo su lucha para que sean los bancos quienes deban hacer frente al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) de las hipotecas.

El caminito a Estrasburgo es la última oportunidad para conseguir lo que la Justicia española no da y cuando se trata de bancos la resistencia de las altas instancias judiciales españolas a actuar contra ellos es manifiesta.  Por eso, el alcalde del municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura, ha indicado que el Consistorio ha tomado esta decisión tras conocer que el Tribunal Constitucional (TC) no ha admitido a trámite sus recursos contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de revertir tres sentencias propias y determinar que deben ser los clientes quienes hagan frente al pago de este tributo.

Los hechos se remontan a octubre de 2018, cuando el Supremo, en tres sentencias distintas, dio la razón a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas-Vaciamadrid y determinó que era el banco que daba el préstamo quien debía pagar el IAJD. La EMV había llevado al TS varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dictaminaban que debía ser la empresa pública quien pagara el tributo.

En sus sentencias, el Tribunal Supremo dio la razón al Ayuntamiento del municipio ripense pero, posteriormente, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, Luis Díez-Picaso, decidió convocar al pleno para revisar esta nueva doctrina, que suponía un «giro radical» a la jurisprudencia, ya que abría la puerta a que fuera la banca quien pagara el impuesto en todos los casos. Finalmente, el TS decidió revertir las tres sentencias, determinando que debían ser los clientes quienes hicieran frente al IAJD.

El Consistorio solicitó entonces amparo al Tribunal Constitucional debido a que «el Supremo decidió que la justicia tenía derecho de admisión: lo que valía para la EMV (que los bancos pagasen el impuesto) no podía aplicarse a millones de familias españolas«, según ha afirmado Del Cura, que considera «inaudito» esta decisíón del TS.

Ahora, un año y medio después, el TC ha resuelto no admitir a trámite los recursos de amparo presentados por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, lo que ha motivado al Consistorio a llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «El Tribunal Constitucional ha decidido lavarse las manos para no perjudicar a la banca. Han tardado un año y medio para mirar a otro lado. Es una vergüenza, así que iremos a Estrasburgo para solicitar un amparo que la justicia española nos niega«, ha indicado Del Cura.