No podía ser de otra manera y finalmente Unidas Podemos ha tomado la decisión de presentar una enmienda a Presupuestos Generales del Estado para que incluyan la paralización de los desahucios de todas las familias vulnerables y la prohibición de los cortes de suministros básicos hasta el año 2022. Y lo hace uniéndose a ERC y EH Bildu.
En estos momentos los desahucios de familias que vivan de alquiler y que hayan perdido su trabajo o hayan sufrido una importante reducción de sus ingresos a raíz de la crisis sanitaria están temporalmente suspendidos hasta el 31 de enero del año que viene. Pero son centenares de miles de personas las que quedan fuera de este decreto y están viéndose «lanzadas» a la calle en las últimas semanas. Ahora ya sabemos que al menos el 50% de los españoles verán sus ingresos disminuidos por la crisis sanitaria y las restricciones que se han tenido que tomar y es preciso actuar, al menos hasta que se pasen los efectos de esta crisis económica, que puede ser más corta que la anterior ¡chi lo sa!, pero mucho más aguda en el tiempo. Nuestro país no puede permitirse una nueva avalancha de desahucios como los que acontecieron con la pasada crisis económica y el mandato de Rajoy y mucho menos en los meses que vienen.
La medida de suspender los desahucios se acompaña con la prohibición del corte de los suministros básicos y es que desde el pasado 29 de septiembre la medida ya es completamente legal. En aquella fecha el Gobierno se negó a prorrogar la prohibición de rescindir el suministro de la luz, el agua y el gas, que había estado vigente desde marzo para familias sin ingresos suficientes para pagarlos, y a cambio únicamente articuló una regulación algo más amplia del bono social eléctrico que es ridícula si la comparamos con el problema. Situación denunciada por miles de organizaciones sociales. Sin lugar a dudas la presión de las eléctricas consiguió colocar sus beneficios por delante del sufrimiento de las familias. Y empezando el invierno.
No pudo hacer nada Unidas Podemos por esta decisión de beneficiar a las empresas suministradoras, pero ahora ha conseguido un momento más oportuno. E intentará que la prohibición de desahucios y cortes de suministros a personas vulnerables no se circunscriba solo a la pandemia, sino que dure al menos hasta el 31 de diciembre de 2022.
Si consiguen incluir esta enmienda en los Presupuestos, la normativa entraría en vigor en enero, aunque contendría excepciones. Y la más importante es que no se podrá impedir el desahucio si el propietario del inmueble acredita vulnerabilidad y que depende de los ingresos de ese alquiler. Quedan fuera las instituciones financieras, fondos buitre, Socimis y grandes tenedores. También deberá demostrar el inquilino que quiere suspender el desahucio que carece de alternativa habitacional, para él y su familia y que carecerá de techo si es desalojado.
La enmienda tiene bastantes posibilidades de prosperar en esos términos y es que en las últimas semanas se han sucedido demasiados desahucios, algunos de ellos muy mediáticos y violentos. Tampoco el PSOE podría haber propuesto la medida, pero si lo hace su socio de Gobierno… Y va a quedar muy feo votar junto con PP y VOX en contra de la suspensión; no sólo porque son la derecha más reaccionaria de los últimos tiempos, sino porque quedaría frente a sus socios de Presupuestos. Y además, y por encima de todos estos razonamientos, está el bienestar, al menos durante los dos años más duros que se avecinan, de centenares de miles de familias.
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