La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha ampliado, ante la Audiencia Nacional, la demanda contra la financiera Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), participada al 50% por los bancos Santander y BNP Paribas e incluirán también a la entidad Credifimo, de Caixabank.

La PAH acusa a estas entidades y a sus máximos responsables -entre ellos Emilio Botín, Ana Patricia Botín y Alfredo Sáenz- de presuntos delitos de estafa continuada a través de la comercialización sistemática de productos financieros tóxicos: las conocidas hipotecas basura o subprime. También por presuntos delitos contra el consumidor, contra el orden socioeconómico y asociación ilícita en concurso con organización criminal.

A las decenas de familias que se adhirieron a la primera demanda en octubre de 2013 contra UCI, se suman otras 40, mientras que contra Credifimo se querellan otras cuarenta, por lo que el número total de personas denunciantes superará los cien. Desde la PAH se anima a los consumidores, perjudicados directamente por estas actuaciones de bancos y banqueros, a sumarse a la demanda.

Según explican los demandantes, tienen indicios, que aportan en su demanda, de que el grupo Santander y BNP Paribás concedieron créditos para vivienda con condiciones que «hacían previsible el impago de un elevado número» de préstamos sin advertir del riesgo que corrían los firmantes. El objetivo de esta comercialización con gestión temeraria del riesgo es el ánimo de lucro y la posterior venta de los préstamos a inversores internacionales, lo que conoce como titulización, explica la PAH. Una operación que permitía a las entidades dejar esos préstamos fuera de sus balances y poder así conseguir nueva financiación para seguir concediendo hipotecas. Credifimo también habría actuado de manera similar, extendiendo los créditos a viviendas de protección oficial por encima de su valor real.

Por ello se ha registrado la ampliación en la Audiencia Nacional, para exigir que se abra una investigación judicial sobre estos hechos con protección específica a los denunciantes, la reparación del daño causado y la depuración de responsabilidades de quienes diseñaron y ordenaron la puesta en práctica del sistema de comercialización de productos tóxicos.

Una vez más Emilio Botín, el Santander y Caixabank aparecen como culpables de la crisis financiera e inmobiliaria que ha causado que la crisis profundice más en nuestro país y que aún no lo haya abandonado.