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Nueva ILP en Cataluña para paliar el drama habitacional

Un año después de que el Partido Popular rechazara en el Congreso la iniciativa legislativa popular (ILP) que reclamaba la dación en pago entre otras peticiones y que estuvo avalada por casi un millón y medio de firmas, diversos colectivos encabezados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) vuelven a iniciar el proceso con una idea similar de ámbito catalán.

En concreto ya la han presentado a las puertas del Parlament y registrado en la cámara, como es preceptivo. A partir de ahora se intentarán lograr las 50.000 firmas necesarias para que se debata. Esta necesidad se da por seguro que se cubra, ya que de la ILP presentada en el Parlamento Español y al que éste hizo una pedorreta -soberbia burla a la voluntad del pueblo- casi un tercio de las firmas venían desde Cataluña.

El texto de la ILP presentada propone un paquete de medidas urgentes para paliar lo que se define como “emergencia habitacional, social y de pobreza energética”. Es decir, las situaciones extremas de las personas que pierden la vivienda y no pueden afrontar el pago de los servicios básicos de luz, agua y gas. Estas situaciones vienen siendo habituales, por desgracia, y más en Cataluña que es una de las comunidades más afectadas por los desahucios.

El documento presentado evita la petición de cambios legislativos o medidas políticas que superen, en teoría, el ámbito de actuación del Gobierno de Mas. Y es que éste Ejecutivo se ha servido tradicionalmente de estas peticiones para decir que es la legislación española la que impide tomar medidas para paliar la situación.

La ILP presentada en Cataluña propone que a los ciudadanos que no puedan pagar la hipoteca se les permita acogerse a un procedimiento extrajudicial para saldar la deuda. También se sugiere que las familias en situación de vulnerabilidad, que no puedan afrontar el alquiler de una vivienda que sea propiedad de las entidades financieras, o bien las familias que hayan conseguido la dación en pago, puedan seguir viviendo en el inmueble en régimen de alquiler social durante un mínimo de cinco años. Otra de las medidas solicitadas es que esas personas puedan beneficiarse de ayudas para evitar el desahucio y que las administraciones públicas garanticen su realojo para evitar el trauma de quedarse en la calle.

Cataluña es una de las comunidades más afectadas por la crisis económica en la que, según el Instituto de Estadística de Cataluña existen más de 200.000 hogares con todos los miembros en paro y en 95.000 de ellos no entra ningún ingreso. El año pasado se iniciaron en Cataluña 98.040 procedimientos de ejecución hipotecaria. El 67% de los 16.008 desahucios que se materializaron durante ese año fueron por impago del alquiler.

En cuanto a la pobreza energética, la ILP propone que las administraciones garanticen el acceso a los suministros de luz, agua y gas durante un mínimo de tres años a las personas vulnerables y que en caso de que no puedan ser cubiertos, se hagan cargo de su pago las empresas suministradoras.

El incremento del 60% del recibo de la luz desde 2008 y del agua de un 66% desde entonces ha hecho aumentar la pobreza energética, aseguran los impulsores de la ILP, de manera que durante 2011, un total de 193.000 hogares catalanes (un 6,9% del total) no pudieron asumir el gasto de mantener una vivienda a la temperatura adecuada.

Finalmente la ILP propone el alquiler forzoso en favor de las personas vulnerables durante un mínimo de cinco años de aquellas viviendas que sean propiedad de la banca y que estén infrautilizados durante un mínimo de dos años. La medida se aplicará de forma preferente en el caso de las entidades que hayan recibido ayudas públicas.

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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