Con el año electoral del 2015 comienza la «sensibilización» de los políticos frente a los problemas de la población. En Cataluña la Generalitat ha anunciado que el Govern y las administraciones locales tendrán prioridad en la compra de pisos que proceden de desahucios. Esta medida se tomará en 72 municipios con demanda acreditada hasta 2021 con el objetivo de destinarlos a alquiler social y proteger a las familias más vulnerables.

El Govern ha a probado en el Consell Executiu que en las operaciones de compra de pisos procedentes de desahucios, se deberá comunicar la venta a la Generalitat que, junto a los consistorios, podrá comprar estas viviendas al mismo precio, En seis meses, la Generalitat también obligará a los propietarios de este tipo de pisos a realizar las obras necesarias para garantizar que está en un buen estado para vivir, y sancionará a los que no lo cumplan.

Además, si el piso está en uno de los 72 municipios considerados sensibles, la Generalitat podrá exigir una cesión temporal para que el Govern realice las obras de forma subsidiaria y lo pueda destinar a familias en riesgo de exclusión residencial durante un plazo de 10 años. Pero no sólo exigirá la cesión temporal, sino que adoptando una medida largamente demandada por las plataformas sociales de la PAH, la Generalitat ayudará a pagar el alquiler social a los residentes que hayan sufrido un desahucio para garantizar la permanencia en la vivienda, con especial atención para las familias.

Se tiene previsto crear en un plazo de tres meses un registro administrativo de viviendas vacías. En este registro se deberán inscribir los pisos vacíos y ocupados sin título, provenientes de desahucios y que son propiedad de bancos y otras personas jurídicas.