El Partido Popular continúa con su cruzada imparable contra nuestro bolsillos para nutrir los suyos y no se olvida de los ayuntamientos que están bastante perjudicados por la crisis y la brutal caída de las licencias de construcción. Y vuelve a cargar contra la vivienda y sus propietarios, muchos de ellos pertenecientes a esa clase media que a la vez de ser la más perjudicada por la situación económica también es la que votó de forma masiva al PP y a sus cambios. De esta forma el Catastro ha enviado ya a los propietarios de chalets y viviendas de más de 1.000 municipios de España una carta en la que les comunica la apertura de un expediente, por no haber declarado alteraciones en la construcción que suponen ampliar los metros de inmueble. Este expediente del Catastro conlleva el pago obligatorio de 60 euros. El susto se lo llevarán más de tres millones de hogares de aquí al 2016.

Esta nueva operación del Catastro supone un aumento de la recaudación para los ayuntamientos, ya que se incrementa el valor de la construcción, al detectar más metros de los que figuran en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Como resultado de la operación recaudatoria, varía al alza la cuota a pagar por el IBI. Este impuesto es el único cuya recaudación ha crecido de forma exponencial durante la crisis y que representa más del 45% de todos los ingresos que obtienen las corporaciones. Esta es la razón de que los ayuntamientos sean las únicas administraciones públicas que registran superávits en sus cuentas.

Pero éste no es el único disgusto que a consecuencia de esta subida del IBI aguarda a los contribuyentes, sino que además, los ayuntamientos podrán reclamarlo con efectos retroactivos a cuatro años ya que los anteriores se consideran prescritos. Por si fuera poco podrán pedir los correspondientes intereses de demora. Este cambio también afecta al pago del impuesto sobre plusvalías (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) que está vinculado al valor catastral y que se aplica cuando se produce la venta de una propiedad.

Mediante la utilización de fotografía aérea el Catastro está incrementando las superficies construidas, cuya existencia física comprueba, y legaliza las alteraciones o cambios de usos de los inmuebles que figuran en las ponencias del catastro. En la mayoría de los casos el Catastro está localizando piscinas, trasteros, casetas, balcones y terrazas que se han cerrado, ampliaciones de las casas para ganar unos metros al jardín o garajes construidos en la parcela. También figuran terrazas en áticos que se han convertido en vivienda.

Esta comprobación masiva comenzó para 176 municipios en 2013 y se ha extendido a otros 1.000 en 2014. Durante este año se enviarán 1,5 millones de expedientes para idéntico número de inmuebles, y se prevé otra remesa de 1,4 millones en 2015. Se estima que incluyendo el 2016, año para el que aún no hay previsiones, la regularización del catastro afectará a cerca del 10% de los más de 36 millones de recibos del IBI existentes.

Para los primeros envíos de regularización se ha empezado por los municipios que tienen grandes urbanizaciones y que más chalets y adosados acumulan. Entre ellos los que se encuentran en las zonas costeras como, por ejemplo, Oropesa (Castellón), Fuengirola y Benalmádena (Málaga), o Benidorm, Calpe o Denia (Alicante). De las capitales de provincia, sólo se están comprobando superficies en Alicante, Salamanca o Murcia.