Dos bloques de Sareb con personas realojadas por el movimiento Stop Desahucios, podrías ser desalojados en Madrid y Valencia el 20 de febrero y el 6 de marzo respectivamente. Todo ello pese a que la Sareb es una entidad financiera que funciona con dinero público. A esta cuestión, el Ministerio de Economía, que dirige Luis de Guindos, ha respondido a la PAH que la Sareb, pese a que sus propiedades han sido adquiridas con avales públicos, es una entidad privada y que por lo tanto no tiene potestad para obligarle a conceder alquileres sociales en los pisos que mantiene vacíos.

Frente a estas declaraciones del Ministerio de Economía, la PAH considera que los precedentes de Sabadell y Manresa muestran que, con voluntad política, las administraciones pueden forzar a regularizar a las familias realojadas en pisos vacíos de Sareb.

Dos son los bloques con familias en situación de emergencia habitacional realojadas por el movimiento Stop Desahucios que se enfrentan a la amenaza de desalojo en Madrid y Valencia. El 20 de febrero serán las seis familias habitantes del bloque Cadete, en el barrio madrileño de Carabanchel, las que se puedan quedar en la calle. Y el próximo día 6 de marzo éste podría ser el caso de las siete familias que residen en la llamada ca Esperança, en la localidad valenciana de Aldaia. Ambos bloques, actualmente en manos de la Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) fueron recuperados dentro de la campaña de Obra Social que impulsan la PAH y los colectivos Stop Desahucios como alternativa de vivienda para hogares desahuciados.

La PAH viene reclamando que los pisos vacíos en manos de la banca rescatada con dinero público y de entidades como Sareb, sean destinados a alquileres sociales ante la situación apremiante provocada por los desahucios de vivienda habitual, que según todos los registros disponibles han seguido aumentando en 2014. Ante la pasividad y complicidad general de las administraciones con el sector financiero, desde noviembre de 2011, la PAH impulsa la campaña de Obra Social, mediante la que ha realojado a más de 2.000 personas en una treintena de bloques en todo el Estado español. De estos bloque 12 son pertenecientes a Sareb.

En respuesta a una carta dirigida por la PAH al ministro español de Economía, Luis de Guindos, el gabinete del ministerio se desentendió del problema y respondió que Sareb es una entidad privada y que por lo tanto no tiene ninguna capacidad para forzarle a satisfacer las reivindicaciones de la ciudadanía. Esta afirmación no es correcta: el mayor accionista de la entidad es el Estado que aportó el 45% del capital a través del FROB. Pero la magnitud de este rescate encubierto a la banca es mayor dado que todos sus activos (como créditos o los propios pisos) fue comprado con avales públicos por valor de 50.000 millones de euros, aproximadamente el doble de lo que cuesta financiar las prestaciones por desempleo cada año. Semejante riesgo asumido por toda la ciudadanía -y no por las entidades causantes de la catástrofe económica- justifica, en opinión de la PAH, que a la entidad conocida como banco malo se le exija una responsabilidad y unos criterios sociales en la gestión de sus viviendas.

Dar a la vivienda un uso social, no especulativo, no solo es posible sino también indispensable para paliar los efectos de la crisis y dar una alternativa habitacional a las miles de personas que en la actualidad no tienen acceso ni por lo tanto derecho a una vivienda digna. este derecho está consagrado por el art. 47 de la Constitución. Con ejemplos como el Bloc 2 de Manresa o el bloc Gracia de Sabadell, propiedad de Sareb y en los que la PAH ha conseguido alquileres sociales a través de la Generalitat, se demuestra que se pueden gestionar las miles de viviendas vacías de la SAREB de otra manera, sólo es cuestión de voluntad.

A juicio de la PAH, tanto el Ministerio de Economía, como la Sareb, son responsables de la situación de estas familias y deben suspender de forma urgente los dos desalojos y ofrecer una solución en forma de alquiler social a los vecinos de Cadete y Esperança y al resto de bloques recuperados. Las viviendas propiedad de Sareb deben ser puestas al servicio de la ciudadanía y no de la especulación inmobiliaria con fondos buitre.