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Zaska a España en toda la boca por la política de vivienda

De nuevo y por tercera vez, el  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Comité DESC) reconviene a España por la política de vivienda. Lo ha sido por el hecho concreto del desalojo de un matrimonio que, con dos hijos menores, ha ocupado el piso de un banco por extrema necesidad. Es una noticia que ampliamos unas líneas más abajo. Pero salvando el hecho puntual, debajo de este desalojo subyace una clara violación, por parte de nuestro país, del  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -los Derechos Humanos- que firmamos en 1976 y a los que tanto recurrimos para meterle el dedo en el ojo al vecino cuando interesa.

La situación no es nueva y la arrastramos desde que, a pesar de las buenas intenciones de nuestra Constitución, la vivienda no es un derecho en nuestro país y sí un objeto más de mercado sujeto a especulación y amiguismo.

España  ha sido condenada por el mismo comité de la ONU, que consideró “una violación del derecho a la vivienda adecuada” el desahucio de una familia con menores en 2013. Éste comité solo ha emitido dos dictámenes desfavorables contra un Estado, y los dos han sido contra España, en 2015 y 2017, por vulneración del derecho a la vivienda. De resultas de aquella condena se obligó al Estado a compensar a la familia y a desarrollar normas que prohibieran los desahucios sin alternativa habitacional. Y se nos remitió una larga serie de recomendaciones al efecto. Pero nuestro Gobierno ha hecho oídos sordos y como mucho ha abierto la boca para decir que eso ahora no toca. Ni ahora ni nunca habrá que decir, viendo todos los intereses que se están creando alrededor de éste bien básico.

El Comité DESC ha evaluado y valorado las reiteradas declaraciones del Ejecutivo, asegurando que la crisis ha quedado atrás y que se van a adoptar medidas y políticas que muestran su compromiso con los derechos humanos. Pero el impacto que han tenido los recortes adoptados por el Gobierno, durante los años de la crisis económica, en derechos básicos como la vivienda, está lejos de solucionarse.

Así, el Comité critica públicamente que las medidas han perjudicado el disfrute del derecho a una vivienda adecuada a las personas y grupos más desfavorecidos y marginados; poniendo especial énfasis en la ridícula cifra de vivienda social en España, inferior a un 1% y muy por detrás de los países europeos y al elevadísimo precio de un artículo que no es de lujo, sino de necesidad, tanto en venta como alquiler; lo que se traduce en un elevado número de personas sin hogar. Y en éste sentido, recomienda encarecidamente a nuestro Gobierno que destine recursos suficientes para ampliar el parque público de vivienda, que regule el mercado privado para evitar los precios desorbitados y que revise su legislación sobre alquileres para proteger a los inquilinos en un claro cambio de situación.

También dedica una considerable parte de su informe sobre España a los desahucios. Y en ese sentido, el Comité critica la ausencia de un marco legislativo adecuado, que determine las garantías legales y procesales de las personas afectadas. Se trata de una carencia que ya señaló en su última lista de recomendaciones y que, al parecer, España no ha desarrollado. Por ello pide al Gobierno que establezca por ley los requisitos y procedimientos adecuados para ejecutar desahucios o desalojos forzados, siempre basado en los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Exige que las personas afectadas tengan acceso a una compensación o la opción de una vivienda alternativa adecuada  y que adopte un protocolo de actuación en casos de desahucios, tendente a asegurar una coordinación adecuada entre los tribunales y los servicios sociales locales. Por eso de reducir el problema al absurdo, el C’s de Rivera acaba de presentar una propuesta que endurece aún más, si cabe, la situación.

España miembro del Consejo De Derechos Humanos de la ONU

Para terminar de aderezar la situación, el pasado 1 de enero, España ha empezado su mandato como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el periodo 2018-2020, consejo del que ya formó parte entre 2011 y 2013. Y lo hace sin cumplir con las recomendaciones de la ONU, cuyo Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos condenó por última vez el 20 de junio de 2017, por vulnerar el derecho a la vivienda. Nuestro Gobierno, que ha tenido seis meses para responder al requerimiento del Comité DESC de la ONU –hasta el pasado 4 de enero- , no solo ha llegado tarde, sino que su respuesta, remitida el pasado 11 de enero,  no aporta ninguna posible solución al problema. Que no es baladí, porque desde la fecha de la primera condena 2013, hasta el 2017, se han producido en España 312.361 desalojos.

Las entidades sociales que nos denunciaron ante la ONU exigen al Gobierno la adopción urgente de cuatro medidas:

  • incremento presupuestario orientado a aumentar el parque de viviendas sociales de alquiler con el fin de garantizar el acceso y el realojo de personas sin recursos.
  • reforma de las leyes procesales para aumentar las garantías de protección del derecho a la vivienda y que se obligue a los jueces a “evaluar caso por caso la proporcionalidad y razonabilidad de los desahucios de viviendas, que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya exige.
  • adopción de protocolos que mejoren la coordinación entre juzgados y Servicios Sociales.
  • reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para reforzar los derechos de las personas arrendatarias.

Y para confirmar que no se le escapa nada de la actualidad, también está enterado el Comité DESC de la situación de la vivienda social en Madrid, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento y los negocios y corruptelas que las distintas administraciones han realizado.

En este sentido, el Comité considera que el Estado no ha explicado las razones por las cuales las autoridades regionales de Madrid vendieron parte del parque de vivienda pública a sociedades de inversión, reduciendo la disponibilidad de la misma, a pesar de que el número de vivienda pública disponible anualmente en Madrid era considerablemente inferior a la demanda, ni de qué forma esta medida estaba debidamente justificada y era la más adecuada para garantizar la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto. Por ejemplo, en 2013, la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Ignacio Gonzálezvendió al fondo de inversión Azora Goldman-Sachs 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales de titularidad pública, a cambio de 200 millones de euros, cantidad muy por debajo del precio de mercado.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella -también con problemas judiciales por el perjuicio económico a las arcas municipales de unos 127 millones de euros que causó la operación- tampoco le fue a la zaga y decidió qué la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) vendiera  otras 1.860 unidades (de un total de 4.700) en 2013, más de un tercio de su parque inmobiliario, al  fondo buitre Blackstone -mediante su filial Fidere– por 128,5 millones de euros. Aunque, según informes periciales, su precio de mercado era de 249, 2 millones.

Lo que tal vez no sepa, de momento, el Comité de la ONU, es que el fiscal – ambos casos están en los tribunales- considera que la operación de la Comunidad madrileña fue un traje a medida para el fondo buitre y  se hizo a espaldas de la administración, con rapidez, eludiendo los filtros de control de la mesa de contratación encargada de la adjudicación. El fiscal lamenta la existencia de un vacío de explicaciones evidente. ¡Excelente eufemismo!

El verdadero estupor llega cuando nos enteramos que la Comunidad de Madrid consideró que los bienes vendidos al fondo buitre eran innecesarios. Requisito que necesitaban  para poder vender cualquier propiedad pública. Es decir, no se puede ser más claro, para el Gobierno del PP de la Comunidad la vivienda social no es necesaria.

Dice el fiscal del caso que esto «no puede ser más raro, extraño, desacostumbrado, excesivamente peculiar u original», ya que «no deja de ser asombroso» que se declaren innecesarios unos bienes destinados a los fines propios del IVIMA: la promoción y acceso a la vivienda pública. No dice el fiscal, tal vez porque lo desconozca o porque es un dato humano y no legal, que la Comunidad tuvo en el año 2013- que es el que nos ocupa- 8000 solicitudes para una vivienda social respondiendo afirmativamente a 222 peticiones.

Al final el problema vuelve a ser el de siempre, otra vez la vivienda se ha transformado- si es que alguna vez ha dejado de serlo- en un bien especulativo alrededor del cual bancos, fondos, Socimis, administraciones y empresas varias, esperan obtener inmensos beneficios con la venta o el alquiler. Y por supuesto quieren disponer de un entorno legislativo favorable a sus intereses y no al de las personas. Entorno que el tándem PP y C’s están comprometidos en mantener… aunque  sigan los desahucios y nos lleve a otra nueva crisis inmobiliaria. Pero tienen un problema y es que España está abierta al exterior y aunque como dice Rajoy cuando un problema le incomoda, «eso ahora no toque», los abogados españoles han aprendido el camino al TJUE y a la ONU. Y estos organismos seguirán mostrándonos en la picota de la vergüenza internacional cuando vulneremos los derechos humanos que hemos firmado.

Eduardo Lizarraga

WWW.AQUIMICASA.NET

Pie de foto. Firma de las actas de adhesión de España al Consejo de Europa, en 1977, por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, y el secretario general del Consejo de Europa, Georg Kahn-Ackermann. España encuentra en el Consejo de Europa un espacio jurídico con garantías mínimas compartidas, sin líneas divisorias, en tres pilares: la defensa de los derechos humanos, la democracia pluralista y la primacía del derecho

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

2 thoughts on “Zaska a España en toda la boca por la política de vivienda

  1. Buenos días, estoy a punto de comprar una vivienda de Azora Goldman-Sachs y me gustaría saber si puedo tener problemas en un futuro al estar el caso denunciado en los tribunales. Gracias

    1. Hola Miguel Ángel, buenos días!

      No tiene porque tener ningún problema. Si hay responsabilidades serán de la Comunidad de Madrid y sus dirigentes del momento, por autorizar la venta y, por lo tanto, cualquier posible indemnización a los inquilinos se realizará con dinero público. No va a tener ningún problema, la operación realizada no se va a echar atrás.

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