Un informe elaborado a partir de datos del Observatorio de la Sostenibilidad en España de 2012, indica que el aumento de los precios de la energía y la caída de los ingresos de las familias provocada por la crisis han disparado el número de personas en pobreza energética, hasta el punto de que los 2,7 millones de 2008 alcanzan en 2012 un total de 4,2 millones, lo que supone un incremento del 55%.

El informe indica que este tipo de pobreza provoca más de 2.300 muertes al año, más que los accidentes de tráfico, y considera que en la actualidad no existe una protección adecuada frente a cortes de suministro. Todo lo contrario sea invierno o verano las compañías eléctricas actúan de igual forma. En otros países de nuestro entorno los servicios esenciales no pueden cortarse durante el invierno.

Entre 2008 y 2012 el número de personas en pobreza energética ha crecido de forma alarmante, así, a los 4,2 millones de españoles que sufrían este problema en 2012, el 9% de la población, se unen aquellas familias que, tras las últimas subidas de los precios de la energía, unido a la crisis, afrontan una situación en la que tienen que elegir entre comer y calentar su vivienda.

En España, este problema afecta al 9,1% de la población, mientras en países más fríos como Reino Unido la tasa se sitúa en el 8,1%, frente al 6% de Francia o el 4,7% de Alemania. Solo Portugal (27%), Grecia (26,1%) e Italia (21,2%) superan las tasas de España, al margen de los países de Europa del Este.

En nuestro país no existe una definición oficial de lo que significa estar en pobreza energética, lo que contrasta con lo que ocurre en Reino Unido, donde se considera que los hogares en pobreza energética son aquellos que necesitan gastar más de un 10% de sus ingresos para calentar la vivienda.

Junto a esto, es preciso añadir que más de la mitad de los Estados miembros de la Unión protegen a los consumidores de los cortes de suministro durante los meses más fríos y cuentan con tarifas reducidas para colectivos en riesgo. En algunos casos, como en el de Suecia, el sistema de protección social se hace cargo de las facturas impagadas.

Por el contrario en España no existe definición del problema y las recientes subidas en la factura de la luz agudizarán aún más el problema ante la pasividad del Ejecutivo.