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Prohibido cortar el suministro energético en situaciones extremas

El Consejo de ministros de este pasado viernes ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, en la que prohíbe cortar el suministro energético en situaciones climatológicas extremas, como puede ser una ola de frío de calor.

Esta prohibición se suma a otras restricciones ya existentes para no cortar el suministro a familias en riesgo de exclusión social y beneficiarios del bono social en los que en la unidad familiar haya un menor de 16 años, una persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III.

También se amplía otros cuatro meses el periodo previo al corte de suministro en caso de impago, que hasta ahora para los consumidores vulnerables acogidos al bono social de electricidad habilitaba un plazo de cuatro meses antes de que el suministrador pudiera interrumpir el servicio.

Durante estos ochos meses totales el consumidor recibirá un suministro mínimo vital que se fijará atendiendo a las diferentes situaciones de vulnerabilidad de cada una de las unidades familiares

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló, tras el Consejo de ministros, que el objetivo de esta medida, junto al Real Decreto también aprobado,  por el que se regulan las condiciones del autoconsumo de energía eléctrica, es «poner a la ciudadanía en el centro del nuevo sistema energético».

Las 19 medidas aprobadas, ofrecen una definición oficial sobre la pobreza energética y establecen cuatro indicadores (gasto desproporcionado, pobreza energética escondida, incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada y retraso en el pago de las facturas) para su seguimiento. De esta forma, se señala que en estos momentos existen entre 8,1, y 3,5 millones de personas que cumplen algunos de los criterios, fijándose como objetivo su reducción a 2025, con una meta del 50% y, al menos, una disminución del 25%.

Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2017, un total de 8,1 millones de españoles presentan un gasto desproporcionado en relación con sus ingresos (17,3% de la población); 5,1 millones de personas sufren pobreza energética escondida (11,5%); unos 3,7 millones pasan el invierno a temperaturas inadecuadas (8%) y 3,5 millones han de afrontar retrasos en el pago de sus facturas (7,4%).

Ribera, que consideró «abrumadores»  estos datos, aseguró que se observa «un crecimiento importante» de la población vulnerable desde 2008, «con un pico en 2014», por ello aseguró que es necesario reducir la población en situación de pobreza energética eliminando o disminuyendo las caudas que la producen.

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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