Los regalos y favores que la clase política hace a sus familiares y amigos cercanos no tiene fin y afecta a todos los ámbitos de la vida política. Sin embargo puede haber casos más sangrantes que otros y la concesión de las viviendas sociales, por lo necesarias que son y estando además pagadas con dinero de todos, es uno de ellos. En el Ayuntamiento de Cádiar, en Granada, gobernado por el PP ha salido a la luz un caso que puede ser el paradigma de lo que sucede. La afectada es Ana Carmen Soler Díaz, víctima de malos tratos, con 53 años, cinco hijos, una nieta de 16 meses y teniendo que vivir en casa de su yerno. Esta mujer aspiraba a conseguir una de las tres viviendas sociales que se han adjudicado en el municipio. Y no lo ha logrado porque el Ayuntamiento no ha tenido en cuenta su situación, ni tampoco solicitó el informe preceptivo de los Servicios Sociales municipales para comprobar si entre los solicitantes inscritos en el Registro de Vivienda se encontraba alguna familia en situación de exclusión social. Dio las viviendas a dedo.

La mujer ya tenía problemas antes de que llegara la crisis. En la vivienda en la que se aloja viven nueve personas. Ninguna de ellas tiene trabajo estable y sus únicos ingresos son los 426 euros de la Renta Activa de Inserción. Sus circunstancias son de sobra conocidas en el pequeño pueblo de la alpujarra granadina en el que lleva catorce años empadronada. Pero no se tuvieron en consideración al seleccionar a los tres titulares de las viviendas sociales adjudicadas. Entre ellos, la madre de una militante del PP. Su hija, Clara Villegas López concurrió en las elecciones municipales de 2011 en el puesto número seis de la lista. A la madre le dieron la baremación más alta de entre los 39 solicitantes de vivienda. Y ello, pese a que en el Registro de la Propiedad aparece como titular de una casa en El Ejido en régimen de gananciales.

Ana Carmen está indignada con el procedimiento de adjudicación. Dice que las casas sociales estaban dadas antes de que se iniciara el procedimiento de selección, que se han adjudicado con secretismo y que ni siquiera la avisaron del resultado final de la baremación. Por eso, cuando supo que se habían entregado las llaves a los adjudicatarios de las viviendas, se armó de coraje e inició su particular batalla para denunciar lo sucedido.

El pasado 11 de abril presentó alegaciones contra la adjudicación en el propio Ayuntamiento de Cádiar, en las que pedía que se investigara el procedimiento de selección de las viviendas sociales y posteriormente decidió denunciar lo sucedido ante el Defender del Pueblo andaluz. Ana Carmen no espera que el equipo popular rectifique, porque las viviendas ya están ocupadas y se da por satisfecha con que se conozca lo que pasó. pero esto no debiera ser suficiente y la Justicia debiera actuar si se demuestran las irregularidades.

Las viviendas sociales adjudicadas pertenecen a la Junta de Andalucía pero el procedimiento de adjudicación lo ha realizado el Ayuntamiento. El 10 de abril la Gerencia Provincial de Vivienda Pública entregó las llaves de las viviendas a los solicitantes seleccionados. Ese mismo día, el alcalde, José Javier Martín Cañizares (PP) decidió publicar en el tablón de anuncios del Consistorio la lista que se había ocultado con las puntuaciones y baremaciones de todos los solicitantes que habían participado en el proceso. Fue después de que el grupo municipal socialista advirtiera en un pleno de la posible comisión de diferentes errores relacionados con los certificados de empadronamiento y de convivencia en la tramitación de los expedientes y reclamara una revisión de oficio del proceso. El grupo socialista ha solicitado un pleno extraordinario por la adjudicación irregular de las viviendas, que se celebrará mañana. Pero en esto sucederá como en otras muchas cosas en nuestro país, ya no habrá solución y sólo quedará el recurso al pataleo.

El alcalde, José Javier Martín Cañizares, niega la existencia de irregularidades en el proceso de adjudicación. y responsabiliza al PSOE, el único grupo de la oposición- de montar una polémica.