La campaña de escraches «Hay vidas en Juego» se enmarca en el debate de la ILP en el Congreso y propuso un diálogo a los diputados que iban a votar unas medidas de la ILP. Medidas que afectarían directamente el futuro de centenares de miles de personas. Frente al peligroso desconocimiento de la realidad de los diputados, la PAH intentó llevar  la realidad de los afectados allá donde se encontraban los políticos.

 

En oposición a la demanda de diálogo de la ciudadanía, que ha demostrado que no cuenta con canales de comunicación e interpelación a los diputados, el Partido Popular, en lugar de escuchar a las personas afectadas, que conocen el problema en primera persona, ha optado por iniciar una guerra mediática de criminalización de la PAH y la práctica de los escraches. Una estrategia elaborada para desviar la atención sobre el debate de la ILP, y la ley aprobada por el PP, una ley que responde a los intereses de las entidades financieras y que no resolverá el problema del 99% de las familias afectadas. Una estrategia que está dispuesta a hace caso omiso al Poder Judicial y a poner contra la sociedad todos los medios represivos de que dispone el Gobierno del PP. Como en las dictaduras.

 

La tramitación de la ILP en el Congreso ha evidenciado de manera flagrante el abismo que separa a la clase política dirigente de los problemas de la calle. Y ha agravado aun más la crisis democrática que sufre el sistema actual, constatando que vivimos en una democracia secuestrada por las entidades financieras con la connivencia de los poderes públicos.

 

Hace unas semanas, la PAH concluyó su triología de videos con un video dirigido al presidente Mariano Rajoy, en el mismo formato en el que éste aparece frente a los medios de comunicación: tras una pantalla de plasma.

 

Con la campaña de escraches y la aprobación de la ley de deudores hipotecarios presentada por el Partido Popular ha resultado evidente que la democracia representativa se encuentra en una crisis profunda. En este contexto, ha de ser la ciudadanía la que auto-tutele sus derechos, como efectivamente seguirá haciendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.