A pesar de que ya no están tan presentes en las primeras páginas de los medios de comunicación los desahucios siguen amenazando a los españoles. Según un informe del Banco de España, en el primer semestre de 2013 hubo 19.567 desahucios en nuestro país, de los que 15.451 fueron de vivienda habitual. Y todas estas personas que se quedan sin casa engrosan las listas de los sin techo.

Se estima que en España 332.529 personas carecen de un techo habitual y la cifra no para de crecer. Por ello, en estos años de crisis desde distintas organizaciones se están exigiendo medidas a las administraciones para paliar esta situación. Una de ellas es la de poner a disposición de estas personas los llamados pisos sociales, entre otras razones humanitarias porque la Constitución recoge el derecho a la vivienda de todo español.

Y a pesar de todo ello, de los desahucios, de los sin techo y de la Constitución hay, al menos, 13.504 viviendas de protección oficial vacías, pero la cifra total exacta se desconoce.La Defensora del Pueblo. Soledad Becerril califica esta situación de desconocimiento de la situación exacta de ineficiente y poco aceptable.

El informe viviendas protegidas vacías asegura que Cataluña, Castilla-La Mancha y Navarra son las comunidades que acumulan más viviendas vacías disponibles, con 3.264, 2.615 y 1.026 respectivamente. Pero, la realidad es que el Estado no sabe cuántas viviendas de protección oficial están vacías. No existe ningún instrumento informático para poder consultar la información referente a las viviendas que en los últimos años han recibido ayudas públicas, ni para poder hacer un seguimiento de su estado y su ocupación.

Para subsanar esta situación de desconocimiento, en diciembre pasado el Ministerio de Fomento anunció que está trabajando en la elaboración de un Registro Estatal de Viviendas de Protección Oficial (VPO), que ofrecerá información sobre su desocupación.

Hasta que ese registro exista hay dos razones que explican que haya 13.504 viviendas de protección oficial vacías; porque sus adjudicatarios no están utilizando su vivienda de forma habitual y permanente, o porque renuncian a la vivienda. La renuncia puede ser debido a varias causas, como son la imposibilidad para encontrar financiación con la que afrontar la compra, la pérdida del puesto de trabajo y por lo tanto de la posibilidad reunir las condiciones y también por la insatisfacción con la vivienda adjudicada que, con la situación actual del mercado, puede estar por encima del precio en su zona.

El Gobierno tiene intención de permitir, con carácter excepcional, que las administraciones públicas puedan recalificar algunas viviendas de protección oficial en venta para que puedan destinarse al alquiler.