Una vez analizado en el BOE el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda, la PAH contempla distintos aspectos negativos:
La corta duración de su vigencia, sólo hasta el fin del vigente estado de alarma. La PAH asegura que las consecuencias socio-económicas de la crisis sanitaria va a ser más prolongada, por eso insiste en que debe tener vigencia, al menos, hasta el 31-12-2021 o hasta la publicación de la Ley de Vivienda Estatal.
Tampoco aprueba las compensaciones que se establecen para grandes tenedores, ya que jamás han compensado del rescate en la crisis anterior. Es un disparate -asegura- que se destine dinero público a la banca rescatada pendiente de devolver 65.000 millones y a fondos buitre y socimis, quienes se permiten el lujo de no pagar impuestos al estar en paraísos fiscales o tener un trato fiscal de favor. No se debe compensar -añaden- a corporaciones cuyo único objetivo es ganar cuanto más dinero mejor, permitiendo que la vivienda sea objeto de especulación en lugar de un derecho con función social.
Continúa la plataforma alertando de que se han caído de la protección algunas de las situaciones de ocupación forzosa, a la que por necesidad se han visto obligadas familias vulnerables, a quienes ninguna Administración Pública ha sido capaz de ofrecerles una alternativa de vivienda digna y adecuada, y para las que, al contrario que para los grandes tenedores, no se establece compensación alguna. Las presiones de los lobbies financiero/inmobiliarios sobre los ministerios de Calviño y Campos, han logrado en parte sus objetivos, aseguran los afectados por la hipoteca.
Sin embargo, como aspectos positivos destacan la prohibición de los desahucios de alquiler, tanto por impago como por finalización de contrato (aunque sólo sea, de momento, hasta la finalización del estado de alarma), o los de precario o recuperación de la posesión por distintas vías del artículo 250.1 LEC (civiles), para personas cuya vulnerabilidad comenzara también antes de la pandemia. Y, aunque con algunas lagunas este decreto garantiza que no puedan ser cortados los suministros básicos a muchas personas vulnerables.
Desde la PAH advierten que seguirá habiendo desahucios tras este decreto, por lo que seguirán luchando por conseguir la extensión de la prohibición a todas las familias vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, y con una duración temporal suficiente como para que las Administraciones Públicas dispongan de Parque Público para poder ofrecer esas alternativas y recuperen vivienda de la banca para el alquiler social.
La Plataforma asegura que está tomando contacto con el Gobierno para trasladarle su absoluto rechazo a estas modificaciones, al objeto de que se subsanen en una próxima corrección de errores en el BOE. Lo contrario -advierten- será fruto de la presión de la banca y grandes empresas al Gobierno, y se colocarán de frente.