El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, firmó el pasado martes la primera resolución por la que el Govern inicia la expropiación de 56 viviendas de grandes propietarios inscritas en el registro oficial, con un coste total de 1,8 millones de euros y por un plazo de siete años. Este precio supone una rebaja del 40% respecto a los precios de mercado en Baleares, con una media de 391 euros mensuales por vivienda.
Se trata de 27 viviendas en Mallorca, 23 en Menorca y seis en Ibiza, que, una vez se finalicen los trámites, se ofrecerán como alquiler social. Los futuros inquilinos de estos pisos pagarán un alquiler adaptado a su capacidad económica. En este sentido, nunca superará el 30% de sus ingresos.
Inmediatamente y con miedo de que esta actuación pueda extenderse a otras Comunidades Autónomas, progresistas con el derecho a la vivienda de los españoles, han saltado las alarmas en ASVAL, la asociación que agrupa a los fondos buitre españoles y que se ha pronunciado sobre la decisión del Gobierno balear mostrándose muy contraria a la medida, asegurando que se necesitan «medidas consensuadas con los operadores, no normas que generen más inseguridad”
ASVAL considera que la actuación del Gobierno balear supone un ataque al Derecho a la propiedad privada consagrado en el Artículo 33 de la Constitución Española” . La asociación ha destacado que “esta expropiación es contraria a la seguridad jurídica que se necesita para desarrollar un mercado de alquiler profesional en España, homologable al de otros países europeos. Lo que se olvida decir es que la propiedad no es un derecho fundamental, aunque algunos erróneamente crean que sí. La Constitución dice que el interés social delimita ese derecho.
El precio de compensación que abonará el Ejecutivo balear a los tenedores de vivienda es “considerablemente inferior” a los precios del alquiler que tiene registrados para la comunidad autónoma el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que lo establece en 624 euros frente a los 391 euros mensuales que pagará de media el Gobierno regional
Hasta el momento, los servicios de inspección de Baleares han detectado alrededor de 6.000 inmuebles propiedad de grandes fondos en las islas y que llevan cerrados dos años o más, con lo que según la Ley de Vivienda podrían ser puestas a disposición de la Administración justificando una “necesidad real” de vivienda que no se ha podido satisfacer con otras medidas. Pero deberán darse prisa pues los fondos, con una habilidad que envidian los mejores agentes inmobiliarios, ya han vendido el 30% de los 1000 inmuebles que tenían registrados en el catálogo de “viviendas disponibles”.
En este sentido, Asval ha asegurado que “este tipo de medidas no resuelven el problema de fondo”, que es la falta de vivienda pública en España. “Para su desarrollo se necesitan medidas consensuadas con los operadores, no normas que generen más inseguridad y conflictos en los tribunales”, subraya la organización.
Asimismo, ha lamentado que “este tipo de medidas provocan siempre una reducción de la oferta de vivienda disponible debido a la inseguridad jurídica que generan. Esto a medio-largo plazo perjudica el acceso a un hogar a las familias vulnerables, el colectivo al que en teoría se quiere proteger”.
Por último, Asval ha concluido que “con esta resolución, el Gobierno balear carga sobre los propietarios su responsabilidad de dotar vivienda pública a los colectivos vulnerables”.