Con la ampliación por parte del Tribunal Supremo al despropósito de ENCE en la ría de Pontevedra aun calentito, la Comisión Europea ha informado este pasado miércoles 15 de febrero del inicio de un procedimiento de infracción contra España por falta de transparencia en los procedimientos de adjudicación de concesiones en el dominio público marítimo terrestre del litoral y porque cree que las prórrogas sin justificación son «contrarias» a las reglas de la Unión Europea (UE). La ley española permite ampliar hasta 75 años las concesiones de restaurantes e industrias.

Es una situación que se repite a lo largo de los más de 8.000 kilómetros de costa, en la que infraestructuras industriales, pesqueras o de ocio se han adueñado de un litoral que es de todos. Y a veces con unas concesiones tan largas que parece son «in aeternum». En otras ocasiones, más comunes en nuestras zonas turísticas, son miles de chiringuitos que invaden las arenas de las playas con sus estructuras y el ambiente con la música y el fritangueo y sin que haya ninguna claridad en sus concesiones o propiedad, con muchas, demasiadas, sospechas de favoritismo y prevaricación, cuando no de otros manejos más turbios y dinerarios.

«La Comisión ha decidido incoar un procedimiento de infracción contra España por no haber garantizado un procedimiento de selección transparente e imparcial para la adjudicación de concesiones relativas a las zonas costeras«, ha informado el Ejecutivo comunitario.

Los servicios jurídicos comunitarios añaden en un comunicado que, en su opinión, la posibilidad de prorrogar las concesiones existentes por un período de hasta setenta y cinco años sin justificación «es contraria a las normas de la UE«.

La Ley de Costas española prevé la posibilidad de adjudicar «sin llevar a cabo procedimientos de selección abiertos y transparentes» unas «concesiones» para construir locales permanentes como restaurantes, empresas papeleras o químicas, según resume Bruselas, en espacios de dominio público marítimo-terrestre fuera de los puertos.

Plazo de dos meses para resolver la situación

Tampoco le parece correcto a Bruselas que la ley española permita ampliar la duración de tales concesiones por un período de hasta setenta y cinco años, «una vez más sin procedimiento de selección alguno», por lo que concluye que «infringe la directiva de Servicios«.

En este contexto, los servicios comunitarios han enviado una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, que es el primer paso de un expediente sancionador y concede un plazo de dos meses al país infractor para poner solución a la situación.

En el caso de que no haya acuerdo entre Bruselas y España, el procedimiento prevé aún una segunda fase -dictamen motivado- que da unos meses más de espacio al diálogo para resolver las dudas antes de que el Ejecutivo comunitario decida si eleva el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Resulta indiscutible que terminaremos ante el TJUE y multados posteriormente, porque ni en dos meses ni en dos años se puede solucionar el tremendo desbarajuste existente en este sentido en nuestras costas. Hay unos claros beneficiados de esta situación irregular que, recordemos un poco, han promovido protestas y manifestaciones, apoyados en muchos casos por CC.AA. y ayuntamientos, cuando de ha tratado de ordenar la situación y poner coto a los desmanes. También hay que recordar que Miguel Arias Cañete, minisytro con Rajoy, realizó una modificación de la Ley de Costas en 2012 para dar cabida y carta de legalidad a unos miles de chiringuitos y urbanizaciones dispersos por nuestro litoral. Modificación que luego el temporal Gloria se encargó de ridiculizar. La multa que llegará tal vez debiera pagarse a escote por los beneficiados con estas irregularidades. ¿A que si?