El Gobierno de Andalucía aprobará una Ley que permitirá a la Junta de Andalucía ejercer el derecho de compra preferente sobre una vivienda amenazada de desahucio.  Esta nueva legislación se lleva adelante después de que el Gobierno del Partido Popular recurriera la conocida popularmente como «Ley Antidesahucios Andaluza». Esa Ley, promovida por IU cuando estaba en el Gobierno andaluz,  permitía a la Administración expropiar temporalmente una vivienda antes de que un banco desalojara a la familia propietaria por no poder hacer frente a la hipoteca. Como complemento a esta actuación, la Ley obligaba a la entidad financiera a dar información detallada de los pisos vacíos que tenía disponibles y una tabla de sanciones si se negaban a ponerlas en el mercado.

La Ley andaluza, tuvo una enorme repercusión en la sociedad y en los medios de comunicación ya que se promulgó en uno de los momentos más duros de los desahucios. Pero, tal vez por esa repercusión y para evitar que se contagiara a otras comunidades autónomas, el Gobierno de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta en la cámara, y al servicio de los bancos, la recurrió y fue suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), siempre a sus órdenes. En concreto, el  recurso interpuesto por el PP, supuso la paralización de los aspectos más relevantes de la ley y que dolían a los bancos: la expropiación temporal y las sanciones a las entidades  que tuvieran pisos vacíos

A partir de la suspensión por parte del Constitucional, el siguiente Gobierno socialista de Andalucía, ya sin IU, decidió volver a insistir y elaborar otra Ley que no incurriera en las iras de los bancos y por ende de Rajoy. Así, decidieron apostar por comprar el piso al banco en lugar de expropiársela,  lo que parece un pequeño rescate con dinero público de nuevo. Eso sí, sólo lo harán con aquellos pisos que estén en la fase final de la ejecución hipotecaria en el proceso judicial.,

La norma, aprobada por el Gobierno andaluz, da preferencia a la Junta para adquirir la vivienda durante el lanzamiento de la misma y antes de que el procedimiento judicial de desahucio quede ejecutado. De esta forma, la Junta se convierte en propietaria del piso embargado por el banco, pagándosela a precio de mercado. Así todos contentos: el banco porque vende un piso a precio de mercado, los «ejecutados» porque mantienen su vivienda y la Junta porque evita un problema y sale en los papeles con un buen rating. Seguro, seguro que Rajoy alaba la propuesta…sobre todo ahora que está a partir un piñón con Susana Díaz,  aunque en público no lo muestren.

Se espera que la ley llegue al Parlamento antes de junio y pueda estar vigente después del verano. Es sintomático que los Presupuesto Autonómicos de este año ya contemplan una partida de cuatro millones de euros para la puesta en marcha de la ley comprando pisos. Un dinero que pasa directamente a los bancos, todavía muy necesitados de ir soltando cartera inmobiliaria problemática.

La redacción de la ley establece que el derecho preferente de compra por parte de la Administración atenderá, principalmente, a criterios socioeconómicos, es decir,  los ingresos anuales de los titulares del piso que corren riesgo de desahucio y la situación social y familiar.  También se tendrá en cuenta el tipo de vivienda afectada.

La Ley Antidesahucios  del anterior Gobierno de coalición PSOE-IU sólo permitió dos expropiaciones, debido al escaso tiempo que estuvo en vigor, pero se estaban tramitando otros 200 expedientes de expropiación más cuando fue suspendida. En aquel momento se hicieron públicos los datos de la vivienda en Andalucía, 548.669 pisos deshabitados, viviendas arrendadas (16,9%) y demanda de vivienda en arrendamiento en Andalucía  de más de cincuenta mil  familias.