El Gobierno trabaja para materializar el compromiso de aprobar un real decreto ambicioso en materia de vivienda, que incluiría una prórroga reforzada de los contratos de alquiler, una regulación específica de los alquileres de temporada y por habitaciones, y un aumento del IVA a los pisos turísticos, con el objetivo de frenar la fuga de vivienda residencial hacia el alquiler vacacional.
el Consejo de Ministros sostiene que el Plan Estatal de Vivienda "no regula con carácter general la política autonómica de vivienda, sino las condiciones de un instrumento estatal de financiación". La matización no es menor: el Ejecutivo distingue entre fijar las reglas de un mecanismo de financiación —competencia estatal reconocida— e imponer una política de vivienda completa a las comunidades, que sí invadiría terreno autonómico.
Más allá del capítulo energético, el decreto introduce una modificación relevante en la gestión de los fondos europeos. Se flexibiliza el calendario del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitiendo que aquellos hitos ya cumplidos, pero cuyas inversiones asociadas no se hayan completado, puedan ejecutarse más allá de la fecha límite fijada a finales de agosto.
El paquete de medidas confirmadas abarca varios frentes. En materia fiscal, la más llamativa es la subida del IVA aplicado a los pisos turísticos hasta el 21%, igualándolos así al tipo general que ya soporta cualquier otra actividad económica. Es una medida que cuesta poco defender desde un punto de vista lógico: si alguien alquila un piso como negocio, con sus plataformas, su gestión profesionalizada y sus tarifas por noche, no hay razón de peso para que tribute como si fuera un arrendamiento residencial.
Desde el punto de vista residencial, el componente de edificios del Plan Social para el Clima concentrará 4.723 millones de euros y se articulará en siete líneas de actuación. El objetivo declarado es modernizar un parque residencial español que, según reconoce el propio documento del Ejecutivo, "todavía presenta un elevado número de viviendas con baja eficiencia energética".
La proposición fija en un millón de euros el umbral a partir del cual se activa el nuevo gravamen. Por debajo de esa cifra, las herencias y donaciones quedan fuera del tributo, lo que los promotores de la medida presentan como garantía de que la iniciativa no afecta a las transmisiones familiares corrientes.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una hoja de ruta dotada con 7.000 millones de euros para los próximos cinco años, que el Gobierno presenta como la respuesta estructural a una crisis de acceso a la vivienda que lleva demasiado tiempo enquistada en lo más alto de la agenda política y social.
Una de las medidas centrales del nuevo plan es que blinda la protección permanente de todas las viviendas financiadas con recursos estatales, de modo que nunca puedan descalificarse ni privatizarse. Ni un solo euro público irá a generar vivienda que en el futuro acabe en manos privadas.
La vivienda, como cada año, ocupa un lugar central en la declaración. Compra, alquiler, rehabilitación y eficiencia energética tienen su hueco en el modelo, pero las condiciones varían según el momento en que se firmó el contrato, la fecha de adquisición del inmueble o la comunidad autónoma en la que resida el declarante
Uno de los aspectos más importantes de esta sentencia es que la anulación de la tasa no significa automáticamente que todos los madrileños vayan a recuperar el dinero, ya que la devolución dependerá de la situación administrativa de cada contribuyente.
