La nueva normativa responde a una exigencia de la Unión Europea, que fija un objetivo claro: al menos el 55% de reutilización y reciclaje de residuos para 2025, y un 65% para 2035. Para ello, todos los municipios deben cobrar una tasa que cubra los costes reales del servicio y que, además, incentive el reciclaje. En otras palabras, quien más contamine, más debería pagar, al menos en teoría.
El informe del Grupo VISO y las iniciativas del Gobierno apuntan en la dirección correcta, pero su éxito dependerá de la ejecución efectiva de los planes, la coordinación entre administraciones y la capacidad de garantizar un acceso real a la vivienda como derecho fundamental.
El Proyecto ARCE 2050 se presentó en la Casa de la Arquitectura como una hoja de ruta ambiciosa para alcanzar la neutralidad climática en el sector de la edificación. Este plan se enmarca en un proceso participativo que involucra a administraciones, profesionales del sector y la ciudadanía, con el objetivo de acelerar la transición hacia ciudades más sostenibles, resilientes y descarbonizadas.
España se enfrenta a la mayor crisis habitacional de los últimos 40 años. Las medidas anunciadas son un avance, pero sin un calendario claro y un compromiso firme, corren el riesgo de quedarse en declaraciones de intenciones.
La ministra ha defendido la implementación de instrumentos que permitan abaratar los alquileres. De acuerdo con las medidas propuestas, los alquileres podrían reducirse hasta en un 5 %, mientras que los propietarios recibirían bonificaciones fiscales de hasta un 90 % de sus rentas.
El Consejo Asesor de Vivienda se configura como un órgano colegiado, de carácter técnico, asesor y consultivo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en materia de programación estatal de la política de vivienda.
“Una línea muy reclamada por los promotores, que antes de su puesta en marcha ha suscitado ya un interés de más de 16.000 viviendas en el conjunto de España y que el Gobierno va a avalar en un 50% esos préstamos con 2.000 millones adicionales”, ha detallado la misniatra Isabel Rodríguez.
“La situación en determinadas zonas de España es de emergencia social, que se agrava en las áreas especialmente tensionadas”, ha subrayado la ministra, quien ha añadido que “el problema de la vivienda nos afecta a todos y todas, y se ha convertido en un asunto transversal que repercute en la inmensa mayoría de la población española".
Las actuaciones para la rehabilitación de 917 viviendas,con una aportación de 22.234.538,06 € , tendrán lugar en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y La Oliva, de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en los de Torrejón de Ardoz y Coslada, en el caso de la Comunidad de Madrid.
El Ministerio de Vivienda, el SEPES y el Ayuntamiento [...]
