España se enfrenta a la mayor crisis habitacional de los últimos 40 años. Las medidas anunciadas son un avance, pero sin un calendario claro y un compromiso firme, corren el riesgo de quedarse en declaraciones de intenciones.
La ministra ha defendido la implementación de instrumentos que permitan abaratar los alquileres. De acuerdo con las medidas propuestas, los alquileres podrían reducirse hasta en un 5 %, mientras que los propietarios recibirían bonificaciones fiscales de hasta un 90 % de sus rentas.
El Consejo Asesor de Vivienda se configura como un órgano colegiado, de carácter técnico, asesor y consultivo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en materia de programación estatal de la política de vivienda.
“Una línea muy reclamada por los promotores, que antes de su puesta en marcha ha suscitado ya un interés de más de 16.000 viviendas en el conjunto de España y que el Gobierno va a avalar en un 50% esos préstamos con 2.000 millones adicionales”, ha detallado la misniatra Isabel Rodríguez.
“La situación en determinadas zonas de España es de emergencia social, que se agrava en las áreas especialmente tensionadas”, ha subrayado la ministra, quien ha añadido que “el problema de la vivienda nos afecta a todos y todas, y se ha convertido en un asunto transversal que repercute en la inmensa mayoría de la población española".
Las actuaciones para la rehabilitación de 917 viviendas,con una aportación de 22.234.538,06 € , tendrán lugar en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y La Oliva, de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en los de Torrejón de Ardoz y Coslada, en el caso de la Comunidad de Madrid.
El Ministerio de Vivienda, el SEPES y el Ayuntamiento [...]
El Consejo Asesor de Vivienda, de carácter técnico, científico y académico, permitirá la participación de los agentes sociales en la elaboración y el desarrollo de la política estatal de vivienda.
El texto legal se plantea, esencialmente, para aportar al ámbito de la planificación territorial y urbanística un conjunto de medidas que refuercen la estabilidad de estos instrumentos y la seguridad jurídica.
Los 430 millones de euros, cuyo reparto autoriza el Consejo de Ministros, corresponden al “Programa de Rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales”, que está dotado de 3.420 millones de euros, para conseguir 160.000 actuaciones este año y 410.000 hasta junio de 2026.
