Uno de los aspectos más importantes de esta sentencia es que la anulación de la tasa no significa automáticamente que todos los madrileños vayan a recuperar el dinero, ya que la devolución dependerá de la situación administrativa de cada contribuyente.
La polémica sobre la tasa de basuras no solo tiene un componente económico, sino también político y de gestión. Muchos ayuntamientos han visto en el aumento de la tasa una forma de generar ingresos adicionales sin acompañarla de mejoras visibles en la gestión ambiental.
La nueva normativa responde a una exigencia de la Unión Europea, que fija un objetivo claro: al menos el 55% de reutilización y reciclaje de residuos para 2025, y un 65% para 2035. Para ello, todos los municipios deben cobrar una tasa que cubra los costes reales del servicio y que, además, incentive el reciclaje. En otras palabras, quien más contamine, más debería pagar, al menos en teoría.
Con el fin de reducir las emisiones contaminantes de los vehículos con motor de combustión y mejorar la calidad del aire de las grandes urbes, 149 municipios españoles de más de 50.000 habitantes deberán activar antes del 1 de enero de 2024 una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). A partir de entonces es muy probable que los vehículos sin etiqueta ecológica de la DGT dejen de poder acceder a ellas, lo que se traducirá en la exclusión de más de 6 millones de coches según datos de la propia DGT.
El Tribunal Supremo (TS) ha fijado que para evitar el corte de suministros a una familia vulnerable es necesario que los ayuntamientos emitan un informe que determine si el impago se debe a una situación de exclusión social, ya que ha establecido que, a diferencia de lo que recoge la ley catalana de pobreza energética, los casos donde los consistorios no presentan el dictamen no se traducen automáticamente en que la unidad familiar se encuentra en riesgo
El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado un proceso para informar a todos los titulares de los anuncios detectados del contexto legal actual: se les mandará una advertencia de cese de la actividad sin sanción para avisarles de que incumplen la normativa, y en unas semanas, "si se comprueba que los anuncios siguen activos", empezará a sancionar.
Los ayuntamientos no van a poder exigir el pago de este impuesto, la plusvalía, en las compraventas de inmuebles que se hayan producido antes del día 26 de octubre, pero tampoco van a poder hacerlo en las que se produzcan desde ahora hasta que no se aprueben sus nuevas ordenanzas fiscales, para lo que tienen seis meses.
El sorteo se realizó a puerta cerrada debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. No obstante, todos los interesados pudieron seguirlo a través de la web de la empresa pública, que lo emitió en directo.
El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha cumplido su promesa y continúa con la batalla legal por el impuesto a las hipotecas que emprendió en 2018 y lo lleva a Europa. La Empresa Municipal de la Vivienda de la localidad ha presentado un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo contra la decisión del Tribunal Supremo de autoenmendarse a sí mismo y ordenar que sean los clientes, y no los bancos, quienes deben pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).
El juez de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid ha anulado la decisión de junio de 2019 del Ayuntamiento de Madrid de establecer una moratoria de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de la capital, conocida como Madrid Central,
